1.700 afectados por estafa de inversión en cannabis en Audiencia Nacional.
La empresa neerlandesa Juicy Fields ha estafado a cerca de 40.000 inversores españoles en un posible esquema Ponzi. Actualmente, se han querellado cerca de 1.700 personas, y más de mil se han unido a una demanda colectiva presentada por la Asociación de Afectados por Inversiones en CBD. La Audiencia Nacional ha aceptado la querella, y el magistrado Manuel García-Castellón ha incluido en la causa a 117 inversores que denunciaron en comisaría y cuyos nombres fueron aportados por la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía. Los querellantes de otros dos bufetes complementan el total.
Los diferentes bufetes personados se reunirán próximamente para establecer una estrategia común y ofrecer sus servicios a los 117 afectados que todavía no cuentan con representación legal. La tipología de inversores es diversa: matrimonios, parejas, grupos de amigos, familias, etc., y los afectados ascenderían a más de 120.000 en todo el mundo.
El juez García-Castellón considera que existen elementos indiciarios que permiten suponer la comisión de un delito de estafa con múltiples perjudicados, por lo que ha abierto diversas diligencias para identificar a los presuntos responsables, descubrir la trazabilidad del dinero invertido, la titularidad de las cuentas y requerir a la Comisión Nacional del Mercado de Valores información sobre el conocimiento que pudieran tener de la actividad de Juicy Fields. Aunque la empresa no contaba con el visto bueno del supervisor del mercado español para operar, sí tenía oficinas en España.
Los inversores denuncian que Juicy Fields ofrecía una rentabilidad adicional de hasta el 66%. La empresa prometía invertir el dinero en la plantación, cultivo y recolección de marihuana para venderla posteriormente como CDB para uso terapéutico. Una vez cosechada la plantación, la empresa devolvía el dinero invertido más un beneficio adicional de entre el 29% y el 66%, dependiendo del éxito de la cosecha. Se podía aportar hasta 180.000 euros a través de una transferencia de dinero fiat o con criptomonedas. La información requerida al cliente era un correo electrónico para poder comunicarse y una cuenta bancaria o monedero electrónico para los pagos. Sin embargo, la empresa desapareció el 13 de julio.