PALMA, 7 de noviembre.

En un reciente desarrollo judicial en Palma, uno de los acusados en un caso de estafa que implicó 3,7 millones de euros en la compra de una propiedad en Calvià, Mallorca, ha negado cualquier responsabilidad en el fraude, apuntando directamente a su coacusado como el verdadero autor de las irregularidades en la transacción.

Este viernes, la Sección Segunda de la Audiencia Provincial llevó a cabo el juicio donde ambos imputados enfrentan una solicitud de la Fiscalía que pide un total de seis años de prisión y una indemnización de 3,4 millones de euros, acusándolos de haber cometido un delito de estafa y otro de falsedad documental.

Durante su declaración, el acusado, que solo respondió a las preguntas de su abogado y contó con la ayuda de un intérprete de alemán, explicó que fue su compañero quien le presentó la oportunidad de invertir en la finca, facilitándole el contacto con el propietario y gestionando los trámites necesarios para la venta.

El imputado precisó que el precio inicial de la propiedad era de alrededor de dos millones de euros, pero tras una tasación, el valor se incrementó a 3,7 millones. Sin embargo, destacó que no hubo intención por ninguna de las partes de pagar la nueva cifra, lo cual quedó reflejado en un contrato privado que fue formalizado ante un abogado en Palma.

La razón de esta maniobra, aclaró, era que, como extranjero, el banco solo le otorgaba un 60% de financiación para adquirir el inmueble, lo que explicaba el aumento del precio.

Además, el hombre afirmó que su coacusado sugirió la creación de un contrato privado en el que se asegurara que el 40% del monto ya habría sido pagado.

Cuando fue interrogado por su abogado, el acusado sostuvo que su intención no era llevar a cabo la compra por el valor de 3,7 millones, sino simplemente presentar la documentación necesaria al banco para conseguir la hipoteca.

Aseguró no tener conocimiento sobre cómo se elaboraron los documentos que indicaban una transferencia que nunca se realizó, reiterando su acusación hacia el otro implicado.

De acuerdo con la acusación del ministerio público, el propietario de la finca en Calvià se había puesto en contacto con uno de los acusados para iniciarle la venta. Este, a su vez, contactó al segundo implicado y comenzaron las negociaciones pertinentes.

En septiembre de 2014, mediante un contrato privado, se formalizó la venta de la propiedad, siendo uno de los acusados el comprador y el otro actuando como intermediario.

La Fiscalía sostiene que el importe pactado fue de 3,7 millones de euros y que ambos acusados falsificaron los documentos relacionados con la transferencia, sin intención alguna de completar el pago.

Finalmente, el propietario, tras constatar que el dinero no había sido transferido, intentó reiteradamente contactar a los acusados, quienes solo realizaron una transferencia de 285.000 euros.