Acusados de tráfico de drogas en Ibiza se niegan a responder preguntas de la fiscalía.
La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Baleares ha comenzado el juicio contra los siete acusados por tráfico de drogas en Ibiza e integración en grupo criminal. La Fiscalía ha solicitado penas para cinco de los procesados que suman 43 años de cárcel y multas por valor de 2,3 millones de euros. Los otros dos imputados, quienes presuntamente daban las órdenes a los cinco procesados, que se encontraban en situación de busca y captura, finalmente fueron detenidos y para ellos se pide otros 18 años de cárcel.
Durante el juicio, todos los acusados, menos uno, han renunciado a responder a las preguntas de la fiscalía, acogiéndose a su derecho a no declarar o únicamente contestando a sus defensas. Uno de ellos, el único que ha aceptado contestar las preguntas de la acusación, ha asegurado no recordar algunas conversaciones en las que parecía hablar en clave con otros de los imputados.
Uno de los acusados ha explicado que 6.000 euros encontrados en su domicilio procedían de sus trabajos y ahorros. Asimismo, sobre los numerosos teléfonos móviles hallados en su vivienda, ha resaltado que no eran suyos y que desconoce su procedencia. Otros dos acusados han reconocido que consumían sustancias estupefacientes en el momento de los hechos y que han estado sometidos a tratamientos de desintoxicación.
Al parecer, dos de los acusados actuaban realizando tareas de corte y envasado de sustancia estupefaciente, custodia y transporte de la misma, distribución a clientes y cobro de las cantidades debidas por la venta de droga. Un tercero se encargaba del corte y envasado de la sustancia estupefaciente y realizaba funciones de transporte de la misma a la isla, introduciendo las partidas de droga que el grupo adquiría ocultas en vehículos desde la Península.
Otros dos de los cinco acusados, hija y yerno de la cabecilla del grupo, quien estaba en búsqueda y captura, se desplazaron a Ibiza en febrero de 2018 relevando, según la fiscalía, a los líderes de la organización en las funciones de dirección y supervisión del tráfico de sustancias estupefacientes cuando tuvieron conocimiento de que estos estaban siendo investigados.
La fiscalía solicita que, en caso de sentencia condenatoria, una vez que los penados alcancen el tercer grado o cumplan las tres cuartas partes de la condena, sean expulsados del territorio nacional, con prohibición de retorno por el plazo de diez años.