Advierten prórroga judicial hasta diciembre en un caso de violencia doméstica y agresión física contra ex pareja
El juicio contra un hombre condenado previamente por maltrato y acusado de violar y propinar una paliza a su expareja en presencia de su hijo ha sido aplazado al 15 de diciembre, según ha informado la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Baleares. El aplazamiento se debe a la ausencia de la víctima en la vista programada para este lunes. El acusado se enfrenta a una pena de 19 años de prisión.
El fiscal solicita 12 años de cárcel para el acusado por violación, un año por lesiones en el ámbito familiar, dos años por amenazas, un año por quebrantamiento de condena y tres años por violencia habitual. Según el escrito del Ministerio Público, el acusado ya había sido condenado anteriormente a una orden de alejamiento de su expareja, pero el individuo seguía acosándola y presentándose de forma habitual en su domicilio, donde se producían fuertes discusiones.
La víctima ha sufrido graves consecuencias psicológicas debido a los episodios de violencia que ha sufrido. El acusado puso en marcha una serie de actos violatorios que culminaron en una brutal paliza y violación en el cuarto de baño de la vivienda. Además, el individuo amenazó con difundir un vídeo sexual de la víctima y en otra ocasión la esperó en su domicilio para volver a proferirle amenazas.
Por otra parte, la Sección Segunda ha señalado el juicio contra un hombre acusado de agredir sexualmente a una mujer para abril de 2024. Los hechos ocurrieron en enero de 2023 cuando el acusado entabló conversación con la mujer en un bar de Palma y posteriormente se trasladaron juntos a su domicilio en taxi. Allí, el individuo intentó sobornar a la víctima ofreciéndole dinero para mantener relaciones sexuales, y ante su negativa, la agredió físicamente.
El fiscal considera estos hechos como agresión sexual con penetración y lesiones leves. Solicita una pena de ocho años de prisión, una multa de 900 euros, la inhabilitación para cualquier profesión que implique contacto con menores durante 18 años, una prohibición de acercamiento a la víctima por 10 años y libertad vigilada por otros 10 años. Asimismo, se pide al tribunal que, cuando el acusado haya cumplido dos tercios de la pena, se suspenda el resto y sea expulsado del país durante 10 años, además de indemnizar a la víctima con 210 euros por las lesiones y 6.000 euros por los daños morales causados.