Crónica Baleares.

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Aficionados luchan contra multa de acción anti-megacruceros mediante crowdfunding de 4.000 euros

Aficionados luchan contra multa de acción anti-megacruceros mediante crowdfunding de 4.000 euros

PALMA, 13 Dic. - La Plataforma contra los megacruceros ha lanzado una campaña de recaudación de fondos para sufragar los 4.000 euros de multa que les han impuesto debido a la acción reivindicativa que llevaron a cabo el 9 de mayo de 2022 en el puerto de Palma para recibir al crucero más grande del mundo.

En una rueda de prensa, la Plataforma ha criticado esta multa calificándola de "desmedida" y "desproporcionada". Además, han recordado que la acción consistió en recibir el crucero a bordo del velero histórico Rafael Verdera, acompañado de una embarcación auxiliar con los medios de comunicación. Sin embargo, fueron interceptados por la Guardia Civil y se les ordenó regresar a puerto por exceder el número de personas permitido, lo cual ha sido el motivo de la multa.

"Queremos resaltar la desproporcionalidad de la multa y destacar la importancia de preservar el derecho a la participación ciudadana a través de iniciativas como las de nuestra Plataforma", declararon antes de condenar esta "injusticia".

Consideran que la multa, además de ser desproporcionada, es "totalmente injusta" para una protesta pacífica y cívica como la que llevaron a cabo. Añaden que no se imponen "sanciones tan severas" a otros comportamientos individuales sin connotaciones reivindicativas en el mismo contexto, como las 'party boats'.

"Esta injusticia va dirigida hacia nosotros hoy, pero mañana puede afectar a cualquier otro grupo, organización o individuo que represente una voz crítica contra el modelo hegemónico. Creemos que la responsabilidad de enfrentar las represalias debería ser compartida, por eso hemos iniciado esta campaña de crowdfunding, para recaudar los fondos necesarios y poder continuar con nuestras labores de incidencia, concienciación y denuncia".

La Plataforma contra los megacruceros fue fundada en 2019 y está compuesta por unas treinta entidades vecinales, ecologistas y sociales. Defiende la necesidad de establecer límites al turismo de cruceros basados en criterios ecológicos, económicos y sociales.