PALMA, 21 Feb.

La presidenta del Govern, Francina Armengol, ha aceptado este martes que "queda bastante por llevar a cabo" en temas de vivienda, en frente de las críticas del PP que ha criticado las "ocurrencias" del Govern en esta cuestión.

En el enfrentamiento de las cuestiones de control al Ejecutivo, la líder del Govern ha criticado la carencia de proposiciones del PP, "si desea ser opción alternativa de gobierno" y ha reivindicado medidas como el tanteo y retracto para tener mucho más vivienda pública, la disponibilidad de 1.300 casas públicas mucho más para alquiler popular o que se hayan multiplicado por nueve las ayudas al alquiler.

También se ha referido a la firma del convenio con tres entidades bancarias con relación al aval del Govern a las hipotecas.

El representante del PP, Antoni Costa, ha lamentado, no obstante, que en ocho años el valor del alquiler haya incrementado un 60 por ciento y el de la adquisición un 85 por ciento.

Costa ha criticado el "lamentable espectáculo de un día decir una cosa y al siguiente, otra" y puso como un ejemplo la restricción de la adquisición de vivienda a extranjeros. "Pedro Sánchez le mencionó que ni se le pasara por la cabeza", ha apuntado Costa.

También ha recordado que nuestro PSIB votará este martes en oposición a achicar de diez a cinco casas el método para ser considerado enorme tenedor y que tras ver con positivos puntos de vistas la iniciativa de las casas en contenedores reciclados, "a los tres días afirmaron que era un desastre".

Por otra sección, asimismo a una pregunta aplazada del representante 'habitual' de una sesión previo, Armengol ha asegurado que al Govern "claro que le preocupa la inflación" y ha reivindicado medidas para paliarla como el plan de choque por la guerra y el llamado escudo popular.

La líder del Govern ha señalado, además de esto, que desde el instante en que rige el Pacte los "pactos son tripartitos" y puso como un ejemplo la mediación del Govern en el convenio de hostelería. En este sentido, ha recordado que el expresidente José Ramón Bauzá, le aseguró a ella misma en 2014 que el Ejecutivo autonómico no podía inmiscuirse en la negociación colectiva.