Las comunidades autónomas gobernadas por los socialistas en Baleares, Catalunya y la Comunidad Valenciana han decidido unir fuerzas para proponer soluciones a los problemas del cambio climático, la cultura y la vivienda. Esta iniciativa fue presentada en Palma, el 14 de noviembre, por Francina Armengol, secretaria general del PSIB y presidenta del Congreso, quien también ha instado a propiciar elecciones en la Comunidad Valenciana.

Armengol hizo un llamado a generar sentido común, al referirse a la falta de este en la Generalitat Valenciana, en el marco de un evento que reunió a representantes del PSIB, PSC y PSPV. Durante esta jornada, también estuvieron presentes Salvador Illa, primer secretario del PSC, y el portavoz del PSPV, Jose Muñoz, quienes aportaron sus perspectivas sobre el documento formulado entre los tres partidos.

El portavoz del PSPV, Muñoz, no dudó en criticar a los partidos de la oposición, específicamente al PP y a Vox, acusándolos de intentar frenar la participación ciudadana en el proceso electoral. Además, se refirió al cambio climático como un tema que, según él, ha sido tratado de manera irresponsable, sugiriendo que algunos lo utilizan como un instrumento político mientras ignoran la realidad de la crisis ambiental.

El documento resultante de este encuentro se centra en la emergencia climática, la importancia de la cultura y del idioma, así como la vivienda como un derecho fundamental. Los líderes socialistas coincidieron en que, a pesar de sus diferencias, comparten una historia común y un compromiso hacia un futuro que deben construir juntos.

Armengol enfatizó la relevancia de abordar el modelo económico ante la crisis climática, considerándola una de las cuestiones más urgentes a las que se enfrenta la región. También defendió el papel del socialismo en la protección de las políticas públicas frente a gobiernos de derecha que favorecen la privatización.

Por su parte, Illa destacó la necesidad de abordar la crisis de la vivienda, argumentando a favor de la construcción de más viviendas públicas, así como la necesidad de regular el mercado inmobiliario. Citó datos que indican que, tras la implementación de una nueva ley de vivienda en Barcelona, los precios han disminuido en un 4%, a diferencia de las áreas donde no se aplica, donde han aumentado un 6,6% en lo que va del año.

Finalmente, Illa subrayó que, aunque la vivienda es una de las máximas prioridades, no existe una solución mágica para resolver este problema, indicando la complejidad de la situación a la que se enfrentan en la actualidad.