En el contexto actual de 2024, Baleares presenta una preocupación notable con una tasa de exclusión social del 19,1%, un leve descenso respecto al 20,7% registrado en 2018. Este panorama fue revelado en el IX Informe Foessa, que Cáritas Española presentó recientemente. A pesar de esta ligera mejora, el informe señala un aumento en lo que se clasifica como integración precaria y exclusión moderada, lo que indica que aún existen serios desafíos por abordar.

Los datos desglosan la situación en la comunidad insular: la exclusión severa se sitúa en el 7,7%, lo que refleja una notable disminución de 1,9 puntos, mientras que la exclusión moderada ha incrementado en 0,2 puntos hasta alcanzar el 11,3%. En contrapartida, la integración precaria ha escalado a un 38,9% y la integración plena sufre un descenso al 42%. Estos números subrayan la complejidad del problema y la necesidad urgente de abordar las causas subyacentes.

El Informe Foessa, más allá de centrarse en la exclusión social, aborda otros problemas graves como la corrupción. Este fenómeno se presenta como un factor crucial que pone en jaque la legitimidad de las instituciones. La desaparición de la Oficina de Prevención y Lucha contra la Corrupción en Baleares es un punto álgido que podría estar alimentando la vulnerabilidad de la sociedad ante discursos populistas.

En términos generales, el informe advierte sobre “un proceso inédito de fragmentación social” que afecta a España, donde, a pesar de una bonanza económica aparente, se observa una de las tasas de desigualdad más alarmantes en el continente europeo. En este contexto, 4,3 millones de personas enfrentan exclusión social severa, entre las cuales un preocupante tercio son menores de edad, es decir, aproximadamente 1,4 millones de niños.

Raúl Flores, secretario técnico de la Fundación FOESSA, calificó esta situación como un fenómeno sin precedentes. Aseguró que la clase media se está desmoronando, arrastrando a numerosas familias hacia niveles socioeconómicos más bajos. Tras décadas de crisis continuas, las fases de recuperación no han logrado cerrar la brecha existente, y la exclusión social severa está, en cifras, un 52% por encima de los niveles de 2007.

El estudio, que se basa en las entrevistas a más de 31.000 personas y en la labor de 140 investigadores de diversas instituciones, refuerza la idea de que la integración social se está viendo comprometida y que la exclusión grave sigue siendo “muy superior a las cifras de 2007”.

Sin embargo, el informe también desmitifica lo que se considera la inacción de las personas afectadas. A pesar de los obstáculos que enfrentan, cerca del 75% de los hogares en situación de exclusión severa buscan activamente formas de integrar socialmente: buscan empleo, se capacitan y ajustan sus finanzas. “El problema no son las personas, sino el sistema”, concluyó Flores contundentemente.

Entre los factores más críticos que generan exclusión social, el informe destaca la situación de la vivienda y el empleo. En particular, alarman las cifras relacionadas con el alquiler, donde el 45% de los arrendatarios está bajo el riesgo de pobreza y exclusión social, una de las más altas en la Unión Europea.

Flores resaltó que "la vivienda está expulsando a uno de cada cuatro hogares de una vida digna”, enfatizando que la situación está erosionando las bases de la clase media. “Las estadísticas son contundentes: uno de cada cuatro hogares en España enfrenta problemas de exclusión residencial”, agregó, denunciando que el derecho a la vivienda se ha convertido en un mero espejismo.

El documento también advierte sobre el deterioro en las condiciones de hacinamiento, que ha aumentado del 5,1% en 2018 al 7% en 2024, un indicador preocupante para la calidad de vida de muchas familias.

Además, el informe destaca que el empleo ha perdido gran parte de su capacidad protectora y de integración, afectando a casi la mitad de la población activa, lo que equivale a 11,5 millones de personas que viven en condiciones laborales precarias.

La educación, el origen familiar, la salud y las relaciones interpersonales también se identifican como factores que agravan la exclusión social. En concreto, el informe indica que obtener un título más allá de la educación secundaria obligatoria se ha convertido en un factor decisivo para escapar de la pobreza, puesto que el riesgo de exclusión severa se multiplica por 2,7 para quienes no acceden a estudios posteriores.

En materia de salud, el estudio revela que el 6% de las familias más vulnerables, que padecían enfermedades graves, no recibieron atención médica en el último año, una cifra preocupante que duplica la media del resto de la población. También se constata un alarmante aumento del aislamiento social, que ha crecido del 3,2% en 2018 al 16,6% en 2024, afectando mayoritariamente a hogares encabezados por mujeres.

Casi la mitad de la población inmigrante se encuentra en situación de exclusión, una estadística que es casi tres veces mayor a la de la población nativa. La situación de los inmigrantes en estado irregular es dramática, con un 68% de ellos enfrentando exclusión, en contraste con el 43% de quienes tienen permisos válidos.

Frente a la política migratoria actual del gobierno, Natalia Peiro, secretaria general de Cáritas Española, ha señalado que aunque la reforma reglamentaria podría mejorar las condiciones de arraigo, persiste un importante atasco en los trámites para los migrantes. “La irregularidad es una de las causantes de los problemas de derechos que enfrentan estas personas”, subrayó, pidiendo más recursos y apoyando la propuesta de una regularización extraordinaria.

El informe también destaca que un tercio de la población en exclusión severa son menores de edad, con una alarmante tasa de pobreza que asciende al 29%, la más alta entre todos los grupos etarios y de las más altas en toda Europa. Asimismo, 2,5 millones de jóvenes están atrapados en una precariedad que afecta su futuro laboral y sus salarios.

Cerrando con un enfoque en la sostenibilidad, el documento critica un modelo socioeconómico que ignora los límites ecológicos del planeta, revelando que la huella ecológica de España es tres veces superior a la capacidad de su territorio. Flores alertó que, si todos vivieran con el estilo de vida español, se necesitarían 2,5 planetas, advirtiendo sobre el creciente fenómeno del individualismo.

Por último, el estudio invita a reflexionar sobre los síntomas de un modelo social que perpetúa la desigualdad y la precariedad, afirmando que se ha alcanzado una situación de “desasosiego” donde coexisten una aparente bonanza económica y profundos malestares estructurales. Flores concluyó apreciando las “capacidades de resistencia” de la sociedad, pero enfatizando la urgente necesidad de cambios significativos en el sistema.