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Política 11 de Junio de 2026 · 11:54h 2 min de lectura

Baleares contempla jornada laboral de cuatro días para docentes en 2026

Desde el curso 2026-2027, los docentes de Baleares podrán concentrar sus 35 horas semanales en cuatro días, siempre que la organización interna del centro lo permita. La medida busca facilitar la conciliación laboral y personal, además de mejorar la planificación del trabajo docente. La Conselleria de Educación revisará la carga horaria, establecerá protocolos de desconexión digital y promoverá la mediación en conflictos laborales a través de un convenio con el Colegio de Psicólogos. El programa 'Docentes 360' también incluirá acciones formativas en gestión emocional y atención psicológica para el profesorado. La evaluación intermedia del liderazgo y el clima laboral en los centros permitirá ajustar las acciones y establecer un informe de mejoras. La iniciativa, que comenzará en doce centros de las Islas, forma parte de un plan para fortalecer el bienestar del profesorado y responder a necesidades identificadas en estudios preliminares. Este cambio se enmarca en una política educativa que busca modernizar la gestión escolar y promover entornos laborales más saludables, en un contexto político en el que el Govern pretende potenciar la calidad del sistema educativo balear. La decisión se ha tomado sin esperar la conclusión del informe final de la UIB, considerando que las primeras aportaciones permiten avanzar en la implantación de medidas. El contexto político en Baleares refleja un compromiso del ejecutivo autonómico con la mejora de la condiciones laborales del profesorado, en un escenario donde las reivindicaciones del sector han sido recurrentes. La iniciativa también responde a una tendencia más amplia en el ámbito educativo de flexibilización de horarios, con el objetivo de atraer y retener talento en las aulas. A futuro, se espera que las medidas piloto sirvan de referencia para una posible extensión del programa a toda la red educativa de Baleares. La evaluación continua permitirá ajustar las acciones y valorar la eficacia de estas políticas en un contexto de cambios en la gestión pública y en la percepción social del sistema educativo autonómico.

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