Baleares se desmarca de la conferencia sectorial de Infancia por irregularidades en la convocatoria

El Gobierno balear ha decidido no asistir a la reciente conferencia sectorial de Infancia, alegando irregularidades en la convocatoria y la falta de consenso previo. La Conselleria de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia, dirigida por Sandra Fernández, sostiene que el orden del día no fue aprobado en la Comisión Sectorial, incumpliendo la normativa, y que el Ministerio de Juventud e Infancia mantuvo el contenido sin consenso.

Este rechazo de Baleares se enmarca en un contexto político de tensión entre el Ejecutivo autonómico y el Gobierno central, especialmente en materia de gestión de menores no acompañados. La comunidad ha puesto en duda la legalidad y las decisiones tomadas en el marco de la política estatal, que considera un reparto injusto y sin suficiente financiación, además de afectar directamente a la capacidad de atención de sus menores en acogida.

El Govern balear ha presentado una impugnación formal contra el orden del día, centrada en un punto que trata sobre el aumento de plazas para menores no acompañados, del actual 406 a 434, sin acuerdo previo ni respaldo de las comunidades autónomas. La consellera Fernández ha subrayado que la convocatoria viola principios básicos de funcionamiento y que su asistencia sería una aceptación de un proceso viciado.

Desde Baleares, se denuncia que la gestión de los recursos y la distribución de menores no acompañados responde a criterios arbitrarios, con decisiones tomadas sin consenso, y sin una financiación adecuada que garantice el bienestar de los menores. La comunidad ya atiende a 733 menores, situación que dificulta aún más la incorporación de nuevos casos sin poner en riesgo la calidad del servicio.

Este incidente refleja una tensión más amplia en el sistema de protección infantil en España, donde las comunidades autónomas demandan mayor participación y transparencia en decisiones que afectan directamente a sus recursos y competencias. La postura balear evidencia una postura de rechazo a la centralización y a las decisiones unilaterales del Gobierno central en un tema de gran sensibilidad social.

En el contexto político actual, la disputa por la gestión de menores no acompañados ejemplifica las tensiones entre las comunidades autónomas y el Ejecutivo central, en un escenario donde la cooperación y el respeto institucional se ven cuestionados. La situación en Baleares ilustra la necesidad de buscar soluciones consensuadas que prioricen el bienestar de los menores y el respeto a las competencias autonómicas.