Comienza el juicio por corrupción policial en Calvià
Un grupo de agentes de policía y empresarios de ocio nocturno se enfrentarán a juicio esta semana en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Palma. Todos ellos están acusados de delitos como extorsión, amenazas y corrupción. La Fiscalía solicita penas de prisión de hasta 30 años, así como la inhabilitación de los funcionarios públicos involucrados.
Esta pieza forma parte de la macrocausa de corrupción policial de Palma y ha sido asumida por el fiscal de Madrid Tomás Herranz, conocido por su trabajo en los casos de Bartolomé Cursach y el juez Manuel Penalva.
Según la acusación de la Fiscalía, los agentes de policía habrían extorsionado a locales de Magaluf mediante inspecciones irregulares para perjudicar a la competencia y beneficiar a otros establecimientos. Además, presuntamente habrían obtenido beneficios económicos al trabajar como asesores laborales para las empresas, facturando a través de sociedades a nombre de terceras personas.
En este caso, el exjefe de la Policía Local de Calvià, José Antonio Navarro, y el exjefe de la Policía Local de Marratxí, Antonio Ledesma, se enfrentan a severas penas de prisión por cohecho pasivo. Por su parte, dos agentes de policía serán juzgados por extorsión y amenazas, mientras que los dos empresarios estarán acusados de cohecho pasivo.
Según el escrito de acusación, se ha documentado una visita de los dos agentes investigados a un local en 2013, durante la cual supuestamente colocaron droga que luego "descubrieron" para demostrar su poder y capacidad de perjudicar al establecimiento. Sin embargo, la droga no fue recogida ni mencionada en el informe policial generado. Durante la intervención, los clientes y trabajadores no pudieron abandonar el lugar y finalmente el local no fue sancionado.
Además, la Fiscalía señala que el entonces jefe de Policía, José Antonio Navarro, no solo no investigó los hechos denunciados, sino que amenazó con presentar una querella si se difundía la información en los medios de comunicación. También se destaca que tanto Navarro como el otro acusado presuntamente trabajaban como gestores laborales para algunos empresarios, emitiendo facturas a través de sociedades controladas por ellos.
La Fiscalía sostiene que estos locales recibían trato de favor y eran advertidos de antemano de las inspecciones. Las denuncias contra ellos eran archivadas sin resolución expresa o se les imponían multas mínimas. Incluso se menciona un caso en el que un local no estaba registrado y no se le inició ningún expediente sancionador.
El beneficiario de estas prácticas corruptas, según la acusación, sería un grupo empresarial que controla varios locales de ocio en Magaluf.