"Comienza hoy el juicio contra los implicados del Caso Cursach".

El juicio contra los investigadores del caso Cursach, el juez Manuel Penalva y el fiscal Miguel Ángel Subirán, comenzará el lunes en la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Baleares. La Fiscalía ha solicitado más de 230 años de prisión, concretamente 118 para el juez y 121 para el fiscal, así como también inhabilitaciones y multas para ambos.

En este caso también se encuentran imputados miembros del Cuerpo Nacional de Policía del Grupo de Blanqueo de Capitales, para los cuales Fiscalía pide penas que suman más de 340 años de prisión.

El Tribunal ha reservado los días 5 y 7 de junio para cuestiones previas y los días 22 y 23 de junio para la declaración de los acusados. En su escrito, la Fiscalía asegura que concurre en los acusados la agravante de prevalimiento del carácter público y los acusa de delitos como revelación de secretos, obstrucción a la justicia, detención ilegal, prevaricación e inducción al falso testimonio.

Los abogados de Bartolomé Cursach, Bartolomé Sbert, Jaime Lladó y Antonio Bergas también han presentado un escrito solicitando más de 200 años de cárcel y 338 años de inhabilitación, además de multas por delitos continuados de revelación de secretos, obstrucción a la justicia, omisión del deber de perseguir delitos, prevaricación y coacciones.

El Ministerio Fiscal cita cómo el juzgado de Instrucción número 12 de Palma siguió varios procedimientos penales para la investigación de los seis acusados entre 2013 y 2018. Además, se señala cómo los medios divulgaron información de las investigaciones judiciales con información facilitada por los acusados.

La Fiscalía también alude a la detención del ex político del PP Álvaro Gijón, su hermano y sus padres con la motivación de "presionar y ablandarlo", y la imputación a cada uno varios delitos "inexplicablemente". Tras las declaraciones, los padres quedaron en libertad, pero el Ministerio Fiscal explica que el hermano de Gijón continuó arrestado "sin motivo alguno que lo justificara".

La Fiscalía describe siete hechos más en las instrucciones judiciales del caso Cursach en las que describe presiones de Penalva, Subirán, Blanco, Bandera, Ruiz y Reguera a diferentes testigos y detenidos, entre ellos el director general del Grupo Cursach, Bartolomé Sbert.

El Ministerio Fiscal solicita a los acusados indemnizaciones para 15 detenidos a razón de 6.000 euros para cada uno por la privación de libertad y los daños morales.

Los investigadores han solicitado su absolución en la investigación abierta contra ellos, alegando que no cometieron ningún delito mientras investigaban a Cursach. Además, aseguraron que se vieron sometidos a episodios de intimidación y persecución.

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