Comienza juicio contra exalcalde de Felanitx por corrupción en concurso de playas durante todo el mes

Otros seis acusados, incluyendo al concejal de playas, serán juzgados por presuntamente manipular un concurso de playas

PALMA, 1 Jun.

El próximo miércoles dará inicio el juicio contra el exalcalde Felanitx Gabriel Tauler y otros seis acusados por supuestamente amañar un concurso de playas, con una duración estimada de todo un mes.

En el mes de abril, la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Palma llevó a cabo una audiencia preliminar que no llegó a un acuerdo entre las partes.

El ex alcalde enfrenta una posible condena de dos años de prisión y 20 de inhabilitación para ocupar cargos públicos, por supuestas manipulaciones en un concurso público de playas.

Según la acusación, durante los años 2013 y 2014, Tauler y el entonces concejal de playas, Juan Ramón Vidal, supuestamente se confabularon con el administrador de la empresa Marportunbeach Mallorca, también acusado, para asegurar que obtuviera la concesión para gestionar y explotar parte de las playas del municipio.

De acuerdo con el Ministerio Público, estas concesiones expiraron en 2013, lo que llevó al fiscal a interpretar que tanto el alcalde como el concejal llevaron a cabo un plan para asegurar que la adjudicación beneficiara al empresario en cuestión.

Para lograr este objetivo, se alega que contactaron con una persona vinculada a la empresa para diseñar las bases del concurso, facilitaron información privilegiada al empresario antes de la publicación oficial del concurso, acortaron ilegalmente los tiempos de presentación de ofertas, y utilizaron una valoración irregular y con intervención de terceros para favorecer a Marportunbeach Mallorca, según alega el Ministerio Público.

En estas acciones, también se vieron involucrados los otros cuatro procesados, ya sea colaborando en la normativa, redactando pliegos, emitir valoraciones ficticias u orquestando incidentes como el choque de un vehículo contra un establecimiento de otra empresa participante en el concurso, presuntamente con fines de coacción.

La acusación describe que el alcalde y el concejal contrataron verbalmente a un tercero para manipular los pliegos en favor de la empresa del empresario acusado.

Este contratado supuestamente modificó lotes de licitación, extendió la duración del contrato y añadió nuevos requisitos para beneficiar a la empresa en cuestión, entre otros cambios.

Posteriormente, este tercero presentó un presupuesto al Ayuntamiento para la redacción de los pliegos técnicos de explotación de servicios temporales de playas por 2.400 euros, aplicando luego un descuento significativo. La factura fue presentada al secretario del Ayuntamiento, también implicado en el caso, quien aprobó el pago.

Por otro lado, se alega que el concejal proporcionó información privilegiada al empresario, facilitando así que elaborara su oferta con mayor antelación y lograra reunir diversos proyectos para las diferentes playas, como remolques y vehículos.

Días antes de la publicación oficial del concurso, el concejal entregó los pliegos a un tercero para desviar la atención sobre el trato preferencial hacia el empresario acusado, según la acusación.

Además, la Fiscalía menciona otras presuntas irregularidades en relación con esta concesión, como permitir que el administrador de otra empresa presentara su oferta en un sobre con el sello de Marportunbeach, sugiriendo una posible colaboración entre ambas empresas.

Asimismo, se señala que un ingeniero municipal, el sexto acusado, sin haber participado en el proceso, firmó un informe para dar validez al procedimiento.

Respecto al séptimo acusado, empleado de la empresa beneficiada, se alega que chocó intencionalmente un vehículo contra otra compañía que también había participado en el concurso.

El fiscal considera que estos actos constituyen un delito continuado de prevaricación administrativa, fraude a la administración, revelación de secretos por parte de un funcionario, uso indebido de información privilegiada y coacciones.

Por lo tanto, se solicita para el ex alcalde Gabriel Tauler la inhabilitación para ejercer cargos públicos y el derecho de sufragio por un período de 20 años, además de dos años de prisión por fraude.

En el caso del concejal, se piden cuatro años de prisión y 23 años de inhabilitación por los delitos de prevaricación, fraude y revelación de secretos.

El empresario, por su parte, se enfrenta a cuatro años de cárcel, nueve años de inhabilitación para cargos públicos y 12 años y medio de inhabilitación para beneficios fiscales, por prevaricación, fraude y uso de información privilegiada.

Para el secretario del Ayuntamiento se solicitan dos años de prisión y 20 años de inhabilitación por prevaricación y fraude.

El contratado verbalmente enfrenta dos años de cárcel, nueve años de inhabilitación y 4 años y medio de inhabilitación para beneficios fiscales por prevaricación y fraude.

El ingeniero municipal, por su parte, se enfrenta a dos años de prisión y 20 años de inhabilitación por prevaricación y fraude.

Y finalmente, para el trabajador de la empresa presuntamente beneficiada, se solicitan dos años de cárcel y una compensación económica para la empresa afectada por el incidente con el vehículo.