El Ayuntamiento de Palma ha tomado la decisión de solicitar una modificación de la Ley de Capitalidad, buscando así incrementar la contribución mínima que reciben de otras administraciones hasta alcanzar los 60 millones de euros. Esta iniciativa fue aprobada en el pleno y refleja un esfuerzo por parte de la administración local para adaptarse a las crecientes necesidades de la capital balear.

El alcalde, Jaime Martínez, presentó esta propuesta la semana pasada, la cual obtuvo el apoyo mayoritario del Partido Popular y Vox, mientras que otros grupos políticos la rechazaron. La modificación de la ley será enviada al Parlament y al Govern para su consideración.

La necesidad de esta reforma se debe, en parte, al notable crecimiento demográfico de Palma en las últimas dos décadas, que ha alcanzado un 27%. Además, se toma en cuenta el aumento de la población flotante y la afluencia significativa de turistas que llegan a través de las infraestructuras claves de Baleares situadas en la ciudad.

Mercedes Celeste, regidora de Hacienda, ha expresado que Palma necesita un régimen de capitalidad que sea "justo y acorde" a la situación actual de la ciudad. La llamada a una financiación más equitativa destaca la postura del ayuntamiento frente a una normativa que es considerada por muchos desactualizada.

La propuesta incluye una cláusula que facultaría al Ayuntamiento a solicitar cambios en la legislación urbanística para ajustar el porcentaje de vivienda protegida requerido, siempre que se resguarde la cantidad total de reserva de viviendas públicas destinada a Palma. Celeste ha enfatizado que el compromiso con la reserva global no se verá comprometido.

La regidora no ha dudado en criticar a la oposición, acusándola de manipular sus declaraciones y engañar a los ciudadanos. Según Celeste, es un acto de falta de respeto afirmar que su intención es reducir la reserva de vivienda pública.

Fulgencio Coll, portavoz de Vox, también ha criticado a los partidos de la oposición por no haber presentado nunca mejoras a la Ley de Capitalidad y por su responsabilidad en los problemas habitacionales que enfrenta la ciudad, cuestionando su sinceridad respecto a estas cuestiones.

Por otro lado, desde el PSOE, MÉS per Palma y Unidas Podemos, se han manifestado contra la modificación propuesta, considerando que representa un "fraude" y un grave error, además de un intento de "urbanismo a la carta". Xisco Ducrós, portavoz socialista, argumentó que esta medida podría resultar en la reducción o eliminación de la vivienda protegida y asequible en Palma.

Ducrós también ha reprochado al alcalde por no haber buscado consenso antes de presentar la modificación, sugiriendo que no se ha consultado con los diferentes actores involucrados. Por su parte, Lucía Muñoz, portavoz de Unidas Podemos, enfatizó que la reserva de vivienda pública es crucial para abordar la crisis de vivienda, insinuando que detrás de esta modificación hay intereses de negocio más que un deseo genuino de mejorar la ciudad.

Neus Truyol, portavoz de MÉS per Palma, se unió a las críticas al acusar a Martínez de utilizar recursos públicos para beneficiar iniciativas privadas y disminuir la oferta de vivienda protegida. Su declaración concluyó con una firme condena, considerándolo una traición hacia los vecinos de Palma.