• sábado 28 de enero del 2023

Cort forzará a la novedosa compañía notificadora de Palma a tener un sistema para solucionar incidencias

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PALMA, 21 Dic.

El Ayuntamiento de Palma forzará a la novedosa compañía encargada de las alertas postales a tener un sistema para predecir y enmendar probables incidencias, por ejemplo actualizaciones y novedosas obligaciones para la adjudicataria después de los inconvenientes detectados en el contrato de hoy que trabaja CI Postal.

Así lo recogen los nuevos pliegos de contratación que ha aprobado este miércoles la Junta de Gobierno de Cort. El representante del aparato de gobierno municipal, Alberto Jarabo, indicó que la intención es "como es lógico" progresar el servicio después de las "incidencias" en el contrato de hoy.

Cabe rememorar que en Palma se construyó una interfaz de damnificados una vez que millares de recibos y alertas hayan ido mostrándose desechadas en torrentes y descampados de Palma, y que viejos trabajadores de la compañía postal hayan reconocido que las tiraban y que falsificaban el reparto con el geoposicionamiento de la PDA de la compañía por el hecho de que no podían asumir la carga de reparto que les imponían.

La Policía detuvo en el mes de febrero a 4 trabajadores y sostiene abierta una investigación. Los damnificados denuncian que la carencia de notificación les ha supuesto esenciales recargos en las sanciones y piden al Ayuntamiento que retrotraiga los expedientes.

El nuevo contrato piensa una inversión de 15,5 millones de euros, IVA incluido, para los años 2023, 2024, 2025 y 2026, y se distribuye en 2 lotes: uno para las alertas con destino en Palma --del que hoy día se ocupa CI Postal-- y otro para las alertas a dar fuera de la ciudad más importante --del que se ocupa Correos--.

En los nuevos pliegos, el Ayuntamiento ha alto los requisitos en lo que se refiere a las áreas de trabajo mínimas abiertas que debe tener la compañía, que además de esto deberá tener un servicio de atención a la ciudadanía a través de teléfono y correo.

Además, la compañía que desee elegir al contrato va a deber arbitrar un sistema para enmendar las incidencias que logren aparecer y "que deje la rápida resolución con el menor perjuicio viable" para el ciudadano. Los pliegos asimismo tienen dentro obligaciones sobre transparencia en la información que la adjudicataria debe proveer al Ayuntamiento, para lo que la prestadora va a deber tener información estadística sobre el cumplimiento del servicio y la satisfacción de los clientes.

"Va a haber una obligación total de la compañía adjudicataria para cumplir los requisitos y ofrecer garantías a los ciudadanos de la forma mucho más estable y comprometida, y eludir cualquier género de duda que logre tener un ciudadano en lo que se refiere a la aptitud de dar las alertas", ha asegurado el regidor.

Los pliegos asimismo reformulan las causas de resolución del contrato, introduciendo entre ellas "la comisión de hechos declarados delictivos por sentencia judicial estable" y el incumplimiento de los plazos máximos de intento de notificación. Además se contempla la oportunidad de efectuar una auditoría externa de comprobación de cumplimiento del contrato y se replantean las desaprobaciones por incumplimientos o "cumplimientos imperfectos", introduciendo "penalidades por incumplimiento masivo y continuado".

Del mismo modo, se demandará a la compañía que disponga de un sistema informático de control y se darán puntos auxiliares por tener un sistema de geolocalización para garantizar "de forma precisa" la distribución.

Por último, se formará una Comisión técnica para el rastreo del contrato, que servirá para mover al responsable datos de rastreo, advertir incumplimientos sobre la manera o período de alertas, coordinar campañas y "tratar algún otro aspecto" relacionado con las alertas de Palma.

La Comisión va a estar dentro por el jefe del departamento de calidad y atención a la ciudadanía, el jefe de la sección de la unidad administrativa de correo, el jefe de departamento de movilidad, el jefe de la unidad administrativa de multas, el jefe del departamento de especialidad urbanística y el jefe del departamento tributario.

A cuestiones de los medios, Jarabo ha asegurado que no hubo un aumento de las protestas por el desempeño del servicio de alertas en Palma si se atiende, proporcionalmente, al incremento de la actividad. Según el regidor "siempre y en todo momento hubo protestas con un porcentaje mínimo con en comparación con total de alertas", que se mantuvo.

CASAL DE BARRIO Y BIBLIOTECA DE SON SARDINA

Por otro lado, el Consistorio ha adjudicado a la compañía Livingcenter activos inmobiliarios el contrato familiar de arrendamiento de un bien inmueble en la barriada palmesana de Son Sardina designado al Casal de vecindario y biblioteca municipal de cara al desarrollo de ocupaciones y servicios socioculturales.

El inmueble, situado en la calle Passatemps número 123, va a tener un coste de 900 euros por mes. Se trata del local donde en la actualidad está situado el Casal de Vecindario.

SERVICIO DE RETIRADA DE VEHÍCULOS

Otra las resoluciones tomadas por la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Palma es el comienzo del expediente de contratación del servicio de retirada, transporte, descontaminación y tramitación de la baja administrativa de los automóviles declarados como restos urbanos de Palma.

En un caso así, el presupuesto estimado de la licitación es de 207.050 euros con cargo al adjudicatario, con lo que no crea ningún gasto en el Ayuntamiento, en tanto que se financia con la venta de piezas y morralla.

La comercialización posterior de estos elementos por la parte de la compañía adjudicataria representa un beneficio económico que sobrepasa el coste que piensa la prestación del servicio contratado. Así, hay que entablar una contraprestación por la diferencia a abonar por la compañía adjudicataria.

Con la renovación de este contrato, el Consistorio busca "proseguir progresando" el servicio que el consistorio da a la ciudadanía, al unísono que ha recordado que a lo largo de esta legislatura el Ayuntamiento ha ingresado un total de 133.129 euros por la retirada de automóviles de las calles de Palma.

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