Cuatro arrestados por fraude de 370.000 euros prometiendo anular multas del Consell.

En Palma, la Policía Nacional ha llevado a cabo la detención de cuatro individuos bajo la sospecha de haber estafado más de 370.000 euros al hacer creer a sus víctimas que tenían la capacidad de anular multas impuestas por la Agencia de Defensa del Territorio de Mallorca (ADT).

De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades policiales a través de un comunicado de prensa el día de hoy, los presuntos responsables afirmaban contar con conexiones en la ADT que les permitían eliminar multas por violaciones urbanísticas en propiedades de la isla. Hasta el momento, se ha determinado que han estafado más de 370.000 euros.

La investigación se inició después de que una de las víctimas presentara una denuncia por una multa relacionada con una infracción urbanística. A través de conocidos, la persona contactó a uno de los presuntos estafadores, quien actuaba como intermediario y entregaba el dinero a otro individuo detenido, supuestamente encargado de gestionar el asunto con el contacto que afirmaba tener en la ADT.

Las autoridades han señalado que otro de los detenidos realizó trámites administrativos para simular ante las víctimas que estaban intentando cancelar la multa. Sin embargo, al investigar las gestiones llevadas a cabo por esta persona, se determinó que se trataba más de una fachada que un intento genuino de anular las multas, las cuales eran irrevocables.

El cuarto individuo detenido utilizó una cuenta bancaria a nombre de una de sus empresas para recibir el dinero de una de las víctimas.

Según el Grupo de Delincuencia Económica y Delitos Tecnológicos, los estafadores se aprovecharon de la precaria situación económica y emocional en la que se encontraban las víctimas para persuadirlas a hacer los pagos solicitados.

Algunas de las multas impuestas por la ADT incluían, además de la demolición total de las estructuras ilegales, el pago de multas superiores a los 500.000 euros.

Después de recibir las falsas garantías de que las multas serían anuladas, las víctimas dejaron de dar seguimiento a los casos, lo que resultó en intereses de demora y en algunos casos, embargos debido a la falta de pago de las sanciones.