"Defensa de Penalva y Subirán solicita anulación de mensajes policiales en móviles"
El abogado Javier Barinaga, defensor del juez Manuel Penalva y el fiscal Miguel Ángel Subirán, ha solicitado la nulidad de los mensajes de Whatsapp del caso Cursach por considerar que vulneran varios derechos fundamentales y ha pedido una sentencia absolutoria para sus representados. La Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Baleares acogió hoy el inicio del juicio contra los investigadores de la fase de instrucción del caso Cursach, Penalva y Subirán.
En la causa también están imputados miembros del Cuerpo Nacional de Policía del Grupo de Blanqueo de Capitales: el inspector jefe José Luis García, el subinspector Miquel Ángel Blanco, la subinspectora Blanca Ruiz y el policía Iván Bandera. La Fiscalía solicita sentencias de entre 118 y 121 años de prisión para Penalva y Subirán, además de una multa de 59.400 y 72.600 euros respectivamente.
El juicio comenzó con la lectura de los escritos de acusación y defensa. La defensa de Penalva y Subirán expuso 11 cuestiones previas, entre ellas la nulidad de la prueba principal, basada en los mensajes del grupo de Whatsapp en los que los investigadores del caso Cursach comentan las investigaciones, que fueron obtenidos a raíz de la incautación de los móviles de dos de los policías imputados.
En este sentido, Barinaga ha argumentado que la incautación de los móviles de los policías es irregular, mencionando algunos de los derechos fundamentales que se ven "gravemente vulnerados" como el derecho a la presunción de inocencia, a la tutela judicial efectiva, a la inviolabilidad de las comunicaciones, a un proceso con todas las garantías, a la asistencia letrada o a la libertad de información.
Asimismo, se ha comparado la incautación de los móviles de los policías con los rastreos de llamadas y la incautación de los terminales a los periodistas del caso Móviles, declarado nulo por parte del Tribunal Superior de Justicia de Baleares y el Tribunal Constitucional.
El abogado ha subrayado que "no hay otra opción" más que una sentencia absolutoria y la nulidad de la instrucción, sin que se llegue a practicar el juicio oral. También ha recordado que en el momento de los hechos sus representados eran aforados "y para la imputación de unos aforados es necesaria una absoluta concreción e individualización".
La Fiscalía Anticorrupción atribuye al magistrado y fiscal de la fase de instrucción del caso Cursach delitos de revelación de secretos, obstrucción a la justicia, detención ilegal, prevaricación e inducción al falso testimonio. Además, solicita 162 años de inhabilitación y multas para Penalva y Subirán y más de 340 años de prisión para los miembros del Grupo de Blanqueo por delitos de revelación de secretos, detención ilegal, prevaricación y obstrucción a la justicia.
Los abogados de los principales acusados, Bartolomé Cursach, Bartolomé Sbert, Jaime Lladó y Antonio Bergas, también reclaman penas de más de 200 años de cárcel y 338 años de inhabilitación, y multas que conjuntamente ascienden a 2,3 millones de euros por delitos continuados de revelación de secretos, obstrucción a la justicia, omisión del deber de perseguir delitos, prevaricación y coacciones.