IBIZA, 8 de julio. El próximo 15 de julio a las 09:00 horas, el Ayuntamiento de Santa Eulària llevará a cabo el desalojo del asentamiento ilegal conocido como Can Rova 2, tras recibir el respaldo de un auto judicial que reinicia el procedimiento correspondiente.

Juan Carlos Roselló, concejal de Seguridad Ciudadana, ha manifestado a los medios que están colaborando con diversas dependencias y han solicitado apoyo a organismos como la Dirección Insular de la Administración del Estado para contar con la presencia de la Guardia Civil durante el operativo.

Según Roselló, el Ayuntamiento notificará a los ocupantes sobre el desalojo a través de carteles informativos. También destacó que esta operación requiere la colaboración de varios sectores, especialmente de la Policía Local, Bienestar Social y Medio Ambiente, además del despliegue de recursos de la Guardia Civil que deben ser trasladados desde fuera de la isla.

El departamento de Bienestar Social ha aumentado su personal “hasta que sea necesario” para atender a los habitantes de Can Rova 2, con el objetivo de facilitar su reubicación durante y después del desalojo.

En el marco del desalojo, se procederá a desconectar los servicios más precarios como la electricidad. “Es preferible desmantelar todo lo que se pueda antes del día 15”, aseguró el concejal, enfatizando una planificación cuidadosa del proceso.

Roselló enfatizó que el desalojo de Can Rova 2 es “una prioridad” para el Ayuntamiento, subrayando el riesgo que conlleva para quienes habitan en el lugar. Reconoció que en el primer intento de desalojo, el Consistorio cometió errores al enfrentar una situación complicada y sentirse “novato” en la materia.

“En la ocasión anterior no teníamos a quién recurrir”, comentó Roselló, recordando la falta de opciones para acceder al asentamiento y la dificultad de informar a los residentes sobre la situación.

El edil indicó que la situación actual entre los asentamientos de Can Rova y Can Rova 2 es distinta, ya que en el primer caso se estaba cumpliendo con una orden judicial, mientras que en esta oportunidad el Ayuntamiento actúa tras identificar las “condiciones extremadamente peligrosas” que enfrentan los ocupantes.

Finalmente, Roselló admitió que desconoce el número exacto de menores que residen en la zona “porque no nos permiten el acceso” para realizar una evaluación adecuada.