Desempadronamientos generan protestas en el pleno de Cort: "Me quedaré en la calle sin derechos

PALMA, 26 de marzo.

Un grupo de ciudadanos ha alzado su voz en protesta durante el pleno del Ayuntamiento de Palma, expresando su indignación por los recientes desempadronamientos y las dificultades para acceder al padrón municipal. La manifestación fue convocada por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) en Mallorca, donde su portavoz, Ángela Pons, denunció al gobierno local, acusándolo de estar incurriendo en una "ilegalidad".

Entre los manifestantes se encontraba Luis Gómez, un hombre de 53 años que vive en una caravana en Son Hugo. Tras dieciséis años en Mallorca, Gómez compartió su difícil situación: "Me empadroné hace tres años, pero el Ayuntamiento decidió desempadronarme hace dos. No pido una vivienda, solo el respeto a mis derechos como ciudadano, ya que me han arrebatado el derecho a casarme, a votar y a acceder a la atención médica. Estoy al borde de la calle sin competencia alguna".

Ariadna, otra residente en una autocaravana en Palma, relató su lucha para empadronarse en el municipio. "Llevo dos años intentando hacerlo, pues vivo aquí y trabajo aquí, mi hija va a la escuela en Palma", proclamó. Sin embargo, sus esfuerzos han sido en vano; el Ayuntamiento no aceptó su documentación, dejándola atrapada en un proceso telemático sin resolución.

Ariadna añadió: "No he recibido una denegación oficial, solo remisiones continuas a otros organismos como la Cruz Roja o servicios sociales", y mencionó que el Defensor del Pueblo ha sido informado de su caso, instando al Ayuntamiento a encontrar una solución.

La portavoz de la PAH cerró su intervención con un contundente mensaje: "Estáis violando la ley, esto tiene que resolverse. Estamos cansados de que cotidianamente se pisoteen nuestros derechos como ciudadanos".

Esta controversia ha cobrado fuerza en las últimas semanas, después de que el PSOE de Palma acusara a la regidora de Servicios Sociales, Lourdes Roca, de solicitar listados de personas en situaciones vulnerables para proceder a su desempadronamiento. Según los socialistas, esta acción fue una contradicción a la declaración de Roca de que solicitar estos listados era una práctica habitual.

Los socialistas insistieron en que Roca intentó justificar su solicitud como parte de una normativa rutinaria, algo que nunca se había llevado a cabo en el contexto de los ciudadanos con emergencias sociales, según confirmaron fuentes de la Cruz Roja.

El Ayuntamiento defendió su postura, señalando que la revisión del padrón busca cumplir con la normativa vigente y se basa en criterios técnicos establecidas por los servicios municipales.

En el mismo pleno, se debatieron dos mociones sobre este asunto, una presentada por Podemos y otra por el PSOE. Aunque no se aprobaron, permitió que los grupos municipales expusieran sus posiciones. Lucía Muñoz de Podemos argumentó que la situación no es una simple revisión del padrón, sino una retirada masiva de empadronamientos que afecta a miles de personas.

"Señor alcalde, está utilizando la vulnerabilidad como una herramienta de exclusión, y le exigimos que detenga estas bajas y asuma responsabilidades políticas por las acciones de su regidora", apuntó Muñoz, enfatizando el impacto de estas medidas en los más desfavorecidos.

Daniel Oliveira, del PSOE, también acusó al equipo de gobierno de jugar con derechos esenciales como el acceso a la sanidad y a la educación. "Han transformado el empadronamiento en un instrumento de exclusión, persiguiendo a quienes más necesitan apoyo", subrayó.

Miquel Àngel Contreras de MÉS per Palma cuestionó las intenciones del gobierno municipal al cerrar "la puerta a derechos básicos" para cientos de ciudadanos.

La regidora de Gobierno Interior, Mercedes Celeste, defendió la postura del equipo de gobierno, afirmando que no se han realizado cambios significativos en la normativa del padrón, más allá de obligar a las entidades sociales a actualizar su lista de atención cada seis meses.

Celeste también recordó que su equipo está claramente alineado con la normativa emitida desde Madrid, destacando que el gobierno central ya había desempadronado a unas 50,000 personas en Palma. "Y ustedes, que se presentan como defensores de la dignidad y la vulnerabilidad, deberían reflexionar sobre su papel en esta situación", remarcó.

El portavoz de Vox, Fulgencio Coll, se limitó a mostrar su apreciación al equipo de gobierno por el cumplimiento de la ley y por llevar a cabo su labor. La complejidad de esta situación sigue generando un debate intenso en la esfera política local.