PALMA, 6 de julio. En una reciente operación llevada a cabo por la Policía Nacional en Palma, se ha procedido a la detención de un hombre y una mujer de nacionalidad peruana. Ambas personas están acusadas de ser responsables de delitos relacionados con el favorecimiento de la inmigración irregular, así como de coacciones y amenazas. Se cree que operaban en colaboración con un individuo residenciado en Perú, ayudando a personas a ingresar de manera ilegal a España bajo falsas promesas de regularización de su estatus migratorio.

Según un comunicado emitido por la Policía Nacional, la investigación, que es dirigida por el Grupo IV de la Unidad Central de Redes de Inmigración y Falsedades Documentales (Ucrif), se inició gracias a información proporcionada por ciudadanos a principios de abril, quienes alertaron sobre la existencia de esta red delictiva.

Los detenidos se promocionaban como facilitadores para compatriotas en Perú, ofreciéndoles empleo y un lugar donde vivir, además de gestionar los trámites necesarios para legalizar su estancia en el país.

Para llevar a cabo sus actividades, la pareja organizaba lo que denominaban una 'bolsa de viaje', que incluía la reservación y pago de billetes de avión, hospedaje, seguro médico y efectivo. También instruían a los migrantes sobre los procedimientos y respuestas que debían dar al llegar a España para evitar ser detectados durante los controles fronterizos.

Una vez que los migrantes llegaban a Perú, recibían la documentación pertinente, manipulada por el tercer miembro de la red. Al llegar al aeropuerto de Palma, eran recogidos por la pareja detenida y llevados a su hogar, donde se les obligaba a firmar un contrato que los ataba a una deuda que oscilaba entre 3,000 y 3,800 euros por la “asistencia” ofrecida, reteniendo su pasaporte como garantía de pago.

Sin embargo, al llegar a la isla, muchos de los migrantes se encontraban con que las promesas realizadas no se cumplían: no se les proporcionaba el contrato de trabajo prometido, las condiciones de vida eran deplorables, y la deuda que habían contraído incrementaba debido a diversos gastos como vivienda, empadronamiento y otros trámites.

Además, se denunciaron casos de amenazas por parte de los detenidos hacia los migrantes. En caso de incumplimiento en el pago de la deuda, se les advertía sobre la posibilidad de que la pareja se comunicara con sus empleadores o familiares en Perú, acusándolos de ejercer la prostitución, hecho que ya se había cumplido en múltiples ocasiones.

Tras las investigaciones, la Policía Nacional ha podido confirmar que al menos siete personas han sido traídas a la isla por esta red, aunque continúan trabajando para identificar y localizar a todas las víctimas involucradas en esta operación ilegal.