• viernes 24 de marzo del 2023

Detienen en Baleares a 31 personas en operativo con mucho más de 60 detenidos en España por estafar 4 millones

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PALMA, 9 Mar.

La Policía Nacional ha detenido en Baleares a 31 personas --28 en Palma y tres en Ibiza-- en el contexto de una operación que en toda España se ha saldado con 64 arrestos por estafar, presuntamente, 4 millones de euros a hombres de negocios a través de el 'Business Email Compromise', consistente en la suplantación de compañías para recibir abonos de facturas.

Según han informado en una publicación oficial, se ha detenido, aparte de los arrestos en Baleares, a 4 personas en Madrid, 17 en Valencia, cinco en Segovia, 2 en Aranda de Duero (Burgos), una en San Sebastián, 2 en Zaragoza y 2 en Tenerife, presuntamente causantes de los delitos de pertenencia a organización criminal, estafa, blanqueo de capitales y ingreso informático.

Los en este momento detenidos, según el relato de los agentes, cometían las estafas a través del modus operandi popular como Business Email Compromise (BEC) cuyo propósito eran los integrantes de los departamentos de administración y los directivos ejecutivos de compañías. Los asaltos se generaban desde Nigeria, país donde mandaban el dinero logrado fraudulentamente.

La investigación, que fue llevada a cabo por agentes especialistas en la pelea contra la ciberdelincuencia, descubrió en España una red larga de 'mulas' bancarias para la recepción de transacciones ilegales.

La cúpula de la organización en España, compuesta por tres individuos, ahora fué puesta predisposición de la Audiencia Nacional.

Según han añadido, éstos sostenían los contactos directos con la matriz en Nigeria, lugar desde el que se generaban los asaltos y a donde se mandaba el dinero conseguido fraudulentamente. Gracias a las gestiones efectuadas por los agentes, se logró denegar precautoriamente mucho más de 600.000 euros.

La tipología delictiva usada por la red criminal se conoce como Business Email Compromise, consistente en que los ciberdelincuentes, tras entrar por técnicas de ingeniería popular a los correos empresariales, se centraban en conseguir información confidencial de las compañías, su cartera de clientes del servicio o transferencias económicas atentos de abono.

Acto seguido, y a través de asaltos por mail enormemente customizados, usurpaban la identidad corporativa de estas compañías frente sus clientes del servicio y entidades financieras con las que sostenían pactos comerciales, logrando el pago de facturas y transferencias de enormes cantidades de dinero a cuentas corrientes que la organización tenía bajo su control.

La investigación se inició a causa de la demanda de una compañía de españa, a la que habrían engañado mucho más de 320.000 dólares americanos por una transferencia no recibida pertinente a los servicios prestados a una compañía de la República Democrática del Congo.

Efectivamente, esa transferencia sí fue efectuada por la compañía congoleña, pero fue destinada a una cuenta de un tercero sin relación con la actividad comercial.

Tal engaño se materializó al entrar los ciberdelincuentes a los mails intercambiados entre la compañía de españa y la congoleña, y substituir la cuenta de abono real por la de una mula bancaria, donde por último se han recibido los fondos.

Los primeros desenlaces de la investigación dejaron conocer que el titular de la cuenta receptora del dinero engañoso era, por su parte, el encargado de otras cuentas en las que se recibían fondos de exactamente la misma naturaleza desde el extranjero.

También se verificó que esta persona había denunciado que era extorsionada por la cúpula de la organización, que le demandaba esenciales cantidades de dinero para lograr abonar sus ocupaciones como 'mula' bancaria.

Dos de los investigados recibían la información que se requiere para comenzar los fraudes bancarios, pidiendo a un segundo peldaño la captación de 'mulas' bancarias quienes, tras recibir el fruto del estafa en sus cuentas corrientes, se quedaban con un 2 por ciento de las transacciones.

El resto era transferido el dinero a terceros integrantes de la organización para de esta forma complicar aún mucho más el bloqueo de las cuentas.

Durante la investigación se ha investigado a 79 personas que pusieron predisposición de los cibercriminales sus cuentas corrientes donde habían recibido mucho más de 4 millones de euros.

Por ello se procedió a la detención de 64 personas a la que se le imputan delitos de pertenencia a organización criminal, estafa, blanqueo de capitales y ingreso informático ilícito. También se intervinieron 4 móviles y se estudiaron cerca de 200 cuentas corrientes.

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