La responsable de Movilidad en Baleares ha planteado la necesidad de examinar la viabilidad legal de establecer un marco normativo autonómico para el sector del transporte. Esta iniciativa surge en un contexto de creciente tensión entre los distribuidores y el gobierno regional.
La Asociación de Distribución de Alimentos, Bebidas y Limpieza (ADED) está organizando una manifestación de vehículos pesados para expresar su descontento ante las numerosas sanciones que han recibido los repartidores. Así lo ha anunciado su presidente, Bartolomé Servera, tras una asamblea celebrada este martes, donde se decidió que esta movilización sería la vía de presión a seguir mientras se intenta llegar a un acuerdo con el Govern.
Según Servera, el martes presentarán la solicitud para obtener el permiso necesario de la Delegación del Gobierno en la región para llevar a cabo la manifestación, aunque todavía deben definir la fecha y la ruta que seguirán los camiones en su recorrido.
El dirigente de ADED ha manifestado su firme intención de realizar la protesta una vez que se obtenga la autorización, un proceso que podría tardar unos diez días, lo que sugiere que la manifestación podría tener lugar a principios de agosto. Sin embargo, ha señalado que están abiertos a cancelar el evento si logran llegar a un entendimiento con el Ejecutivo autonómico antes de esa fecha.
A pesar de su aversión a la idea, Servera ha dejado entrever que, si las negociaciones fallan, podrían considerar la opción de interrumpir la distribución de productos alimentarios y bebidas, lo que reflejaría el nivel de frustración en el sector.
El presidente de ADED espera reunirse pronto con la directora general de Movilidad, Lorena del Valle, y el conseller José Luis Mateo, para abordar estas preocupaciones de manera más directa. Su objetivo es que el gobierno alivie la presión de las sanciones impuestas a los distribuidores, quienes a menudo sobrecargan sus vehículos debido a la escasez de conductores con licencia para camiones de más de cinco toneladas.
Servera ha indicado que, debido a esta situación, es común que los conductores que pueden llevar 3.500 kilos tengan que exceder ese límite, lo que les ha expuesto a sanciones que, según el presidente, han sido más severas recientemente. Esta realidad ha sido calificada por él como una verdadera “persecución” por parte de las autoridades.
El lunes, la directora general Del Valle se comunicó con Servera para discutir la situación planteada en la asamblea, comprometiéndose a estudiar la posibilidad de crear un decreto o una ley que regule el transporte en las Islas Baleares.
Del Valle también insistió en la importancia de alcanzar un consenso entre todos los grupos parlamentarios. Servera ha manifestado su disposición para colaborar en este esfuerzo, con la esperanza de que se pueda avanzar en una regulación que beneficie a los actores del sector.
Desde ADED, han recibido de manera positiva la propuesta de contar con una normativa específica para el transporte a nivel autonómico, aunque Servera ha mantenido una postura cauta mientras esperan conocer los detalles del posible texto legislativo.
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