Dos absueltos y sanciones monetarias tras diez años en el caso de senderismo.
El "caso senderismo", una investigación que involucra a antiguos funcionarios del Govern balear, el Consell de Mallorca y la asociación PAS-Amics del Camí por malversación y fraude, ha concluido con un acuerdo de conformidad este lunes. En este acuerdo, el exgerente del Inestur, Antonio Oliver, y el responsable de la supervisión de contratos menores, Sebastià Amengual, han sido absueltos, mientras que los demás acusados han aceptado penas mínimas que serán sustituidas por multas.
En un principio, la Fiscalía solicitaba 32 años de cárcel para los implicados en este caso que se inició en 2013. Sin embargo, a todos los condenados se les ha aplicado una atenuante por dilaciones indebidas, además de la reparación del daño.
El fiscal Anticorrupción Juan Carrau, las acusaciones particulares (Govern, Consell de Mallorca y Ayuntamiento de Valldemossa) y las defensas han formalizado el acuerdo en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Baleares. Como resultado del pacto, se han eliminado las menciones a los delitos de malversación de fondos y falsedad documental.
En virtud del acuerdo, los condenados han admitido que en una reunión en las instalaciones del Inestur en 2008, se coludieron para beneficiar a la asociación PAS Amics del Camí con fondos públicos, utilizando contratos y subvenciones de manera fraudulenta.
A pesar de todo, al salir del Palacio de Justicia, la exconsellera de Cultura del Consell, Joana Lluïsa Mascaró, ha mantenido su inocencia en declaraciones a los medios y ha afirmado que solo ha firmado el acuerdo por recomendación legal.
Por el delito de fraude, el jefe del área de Inversiones para la Mejora del Entorno Turístico (IMET), Antonio Rebassa; la exvicepresidenta y exconsellera de Cultura y Patrimonio del Consell de Mallorca, Joana Lluïsa Mascaró; el secretario general técnico del departamento de Cultura y Patrimonio del Consell, Joan Serra; y como colaboradores necesarios, el director de la asociación PAS-Amics del Camí, Lluis Planas, y el secretario y representante de la asociación en Mallorca, Emilio Gallardo, han sido condenados a nueve meses de prisión cada uno. Sin embargo, ninguno de ellos ingresará a prisión, ya que las penas se han reemplazado por multas.
Por el delito de prevaricación, han sido condenados a penas de inhabilitación de dos años y dos meses para el ejercicio de cargos públicos relacionados con contratación y subvenciones, excepto los representantes de la asociación, que no son funcionarios ni ostentaban cargos públicos, y quedan inhabilitados por un año y dos meses.
Además, los condenados deberán indemnizar a la Comunidad Autónoma con 42.120 euros, al Consell de Mallorca con 20.880 euros y al Ayuntamiento de Valldemossa con 3.591 euros.