Crónica Baleares.

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Dos individuos enfrentan una demanda de 20 años de prisión y una multa de ocho millones de euros por importar drogas a Mallorca desde Madrid.

Dos individuos enfrentan una demanda de 20 años de prisión y una multa de ocho millones de euros por importar drogas a Mallorca desde Madrid.

En el juicio que se llevará a cabo el lunes en la Audiencia Provincial de Baleares, dos hombres enfrentarán cargos por introducir drogas en Mallorca desde Madrid. La Fiscalía solicita penas que suman un total de 20 años de prisión y multas por valor de ocho millones de euros.

De acuerdo con la acusación, los dos hombres formaban parte de un grupo organizado que operaba desde junio de 2021 hasta febrero de 2022, dedicándose a introducir grandes cantidades de cocaína, metanfetaminas, MDMA y cannabis en Mallorca para su posterior distribución. Otros miembros del grupo, que aún no han sido encontrados, también están siendo investigados y hay otros procesados en esta causa que se encuentran en rebeldía.

Para llevar a cabo sus actividades, contaban con la colaboración de otros acusados e investigados, encargados de proveer drogas al grupo y transportarlas a través de una furgoneta para luego almacenarlas y distribuirlas en la isla.

Durante la investigación, se descubrió que uno de los procesados, que se encuentra en rebeldía, organizó en febrero de 2022 la compra de cocaína y cannabis en Madrid, sustancias que debía introducir en Mallorca otro de los procesados.

En cumplimiento de este plan, ambos acusados viajaron a Madrid, uno de ellos vía marítima, llevando consigo su furgoneta. En la localidad de Getafe, un investigado que no ha sido localizado entregó una caja de cartón con cannabis al procesado rebelde, quien luego la introdujo en la furgoneta.

Posteriormente, ambos acusados se dirigieron a un centro comercial, donde uno de ellos esperó mientras el otro recogía una bolsa de papel que contenía cocaína en un estacionamiento.

El 23 de febrero, cuando llegaron a Palma en barco, uno de los procesados fue interceptado por la Policía, quienes encontraron numerosas sustancias estupefacientes guardadas en un refrigerador dentro de la furgoneta.

El Ministerio Público considera que estos hechos constituyen un delito contra la salud pública y pertenencia a una organización delictiva, solicitando una pena de diez años de prisión y una multa individual de cuatro millones de euros para cada uno de los procesados.