El alcalde de Palma sugiere posible prevaricación del Gobierno por la remoción del monolito de sa Feixina.
El alcalde de Palma, Jaime Martínez, ha denunciado que la decisión del Gobierno de retirar el monolito de sa Feixina podría constituir un acto de prevaricación administrativa. Esta afirmación la realizó en una rueda de prensa el viernes, justo después de que la Secretaría de Estado de Memoria Democrática incluyera dicho monumento en un catálogo de elementos considerados ofensivos para la memoria histórica, coincidiendo con el hecho de que el Ayuntamiento le otorgó la máxima protección patrimonial.
Martínez expresó su desacuerdo con estas acciones, señalando que el Gobierno y el PSOE han actuado de manera poco transparente. "No entiendo cómo se puede avanzar en esta dirección, más aún teniendo en cuenta que hay una sentencia judicial que respalda la protección de este monumento”, afirmó el primer edil, quien también apuntó a la posibilidad de que la administración central incurriera en prevaricación al ignorar este dictamen.
El alcalde subrayó que la justicia había respaldado la catalogación del monolito como patrimonio, lo cual llevó a una modificación del plan general de la ciudad. Enfatizó que "hay una sentencia judicial y una catalogación en vigor, por lo que la reciente decisión es claramente impugnable", confirmando que desde el consistorio planean recurrir esta resolución.
Martínez argumentó que este tipo de decisiones son una mera “cortina de humo” de un Gobierno que, según su perspectiva, parece más interesado en complicar la vida de los ciudadanos de Palma que en mejorar su situación diaria.
Por su parte, el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática recordó que el monolito fue erigido durante la dictadura franquista en 1948, como homenaje a los cerca de 800 soldados sublevados que perdieron la vida en el hundimiento del 'Crucero Baleares', un enfrentamiento que ocurrió en el contexto de la Batalla del Cabo de Palos, el mayor combate naval de la Guerra Civil Española. Según ellos, esto debe ser considerado un aspecto representativo del culto a los caídos que promovió el régimen franquista.