El BOE publica la derogación de la ley de memoria democrática en Baleares

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este jueves la derogación de la ley de memoria democrática de Baleares, aprobada por el Parlament en marzo de 2023. La normativa, vigente desde 2018, fue oficialmente derogada tras una votación en la que participaron los partidos políticos de mayor representación, incluyendo el apoyo del PP y Vox, en un contexto de debate sobre las políticas de memoria en la comunidad autónoma.

El proceso de derogación refleja una dinámica política marcada por la polarización y el cambio en las mayorías parlamentarias. La ley, que contemplaba acciones como la creación de un censo de elementos franquistas, la prohibición de actos con contenido franquista y el acceso a archivos históricos, fue inicialmente aprobada bajo el Govern de Francina Armengol. Sin embargo, su continuidad se vio amenazada por las tensiones entre los partidos del Govern y las fuerzas de oposición, que argumentaban que la normativa suponía una interpretación sesgada de la historia y un posible obstáculo para la convivencia.

En la tramitación, la ley sufrió un primer intento de suspensión que fue frenado por los votos del PP, que lograron obtener el apoyo de Vox a cambio de retirar enmiendas relacionadas con la simplificación administrativa. Este acuerdo fue interpretado por analistas como un movimiento estratégico para evitar que la ley de memoria democrática avanzara en su momento, poniendo en evidencia las tensiones políticas en Baleares en torno a la memoria histórica y la gestión del pasado reciente.

Desde el punto de vista político, la derogación responde a un cambio en el equilibrio de fuerzas en el Parlament, donde las alianzas han favorecido a los partidos que consideran la ley como una iniciativa controvertida o innecesaria. La medida ha generado reacciones contrapuestas, en línea con el escenario nacional, en el que la cuestión de la memoria y la interpretación del pasado aún dividen a los actores políticos y sociales.

Este hecho se inscribe en un contexto más amplio de debate sobre cómo las comunidades autónomas gestionan su historia y sus símbolos, así como la influencia de los posicionamientos ideológicos en las políticas públicas. La retirada de la ley en Baleares es un ejemplo del impacto de los cambios políticos en la interpretación y regulación del pasado democrático y franquista en España.