MADRID, 2 Mar.

El Pleno del Congreso va a abordar la semana próxima una proposición de ley, que viene remitida del Parlamento de Baleares, para cambiar la regla estatal de Arrendamientos Urbanos con el propósito de que las comunidades autónomas logren poner un encuentre a los costos del alquiler en zonas tensionadas.

Esta proposición de ley proviene del Parlamento de Baleares, donde fue impulsada por entre los partidos que está en el Gobierno, Més per Mallorca, y salió adelante merced a los votos en pos del PSOE, Unidas Podemos y el Grupo Mixto.

En preciso, la idea viene a cambiar los productos diez y 17 de la ley de alquileres urbanos, en lo relativo a la prórroga del contrato y en ofrecerle aptitud normativa a los Gobiernos autonómicos a fin de que logren poner un límite en el valor del alquiler en aquellas zonas que estén tensionadas.

Según el artículo de la proposición de ley, al que tuvo ingreso Europa Press, se ofrece este régimen de restricción del precio del alquiler con un régimen sancionador y un sistema de resolución fuera de la justicia de enfrentamientos producidos entre arrendadores y inquilinos.

Además, sugieren que la declaración y la vigencia de una región de mercado residencial tensionado establecida en esta regla requerirá de la elaboración de una memoria que la justifique, "por medio de datos objetivos y fundamentada en la presencia de un particular peligro de abastecimiento deficiente de vivienda para la población habitante".

"La declaración, según este trámite, de un ámbito territorial como región de mercado residencial tensionado acarreará la redacción, por la parte de la administración autonómica competente, de un plan concreto que planteará las medidas primordiales para la corrección de los desequilibrios mostrados en su declaración, tal como su calendario de avance para el periodo de vigencia de la declaración de la región de mercado residencial tensionado", muestra la proposición de ley.

En lo que debe ver en la modificación del producto diez de la ley de alquileres urbanos, la proposición de ley expone que en lo que se refiere a la prórroga del contrato, si ninguna de las partes hubiera notificado a la otra de su intención de no renovarlo, el contrato se prorrogaría obligatoriamente por plazos cada un año hasta un máximo de tres años.

Precisamente, esta proposición de ley se va a ver en el Congreso de los Diputados en un instante en el que se prosigue negociando en el seno del Gobierno de coalición ciertos puntos de la Ley de Vivienda, como es el de la restricción del precio del alquiler.

Hace solamente unos días, la líder de Podemos, Ione Belarra, recriminó al PSOE que sostuviera "denegada" en el Congreso esta Ley de Vivienda. En este punto, se mostró siendo consciente de que "no es impecable", si bien urgió a su aprobación y que se regule de forma eficaz el valor de los alquileres en zonas de mercado tensionadas.

Estas expresiones de Belarra brotaron tras las afirmaciones de la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, quien había distanciado la oportunidad de detallar en la Ley de Vivienda un límite máximo de incremento del 3% de todos y cada uno de los alquileres en las llamadas "zonas tensionadas".