Palma, 29 Nov. - El Consell Consultiu de Baleares emitió 123 dictámenes en el año 2022, lo cual representa un incremento del 5,13% en comparación con el año anterior, cuando se emitieron 117 dictámenes. Asimismo, recibió un total de 190 consultas, lo que supone un aumento cercano al 47%.

La líder del Ejecutivo autonómico, Marga Prohens, presidió la presentación de la memoria correspondiente al ejercicio 2022 en la capilla de Consolat de Mar.

En cuanto a la distribución de los dictámenes, 71 correspondieron a la Administración de la Comunidad (57,72%); 16 a consells insulares; 31 a ayuntamientos; tres al Consorcio para la Protección de la Legalidad Urbanística en Suelo Rústico de Menorca; uno al Consorcio de Recursos Sociosanitarios y Asistenciales de las Islas, y el último al Consorcio Sociosanitario de Menorca.

En cuanto a las materias tratadas, 11 fueron relacionadas con contratación, dos con interpretación normativa, 26 con disposiciones normativas, seis con responsabilidad contractual, 60 con responsabilidad patrimonial y 18 con revisiones de oficio.

En cuanto a las consultas, se presentaron un total de 190 al Consell Consultiu el año pasado, lo que representa un aumento cercano al 47%. Estas consultas han dado lugar a 168 expedientes, habiéndose devuelto 29 consultas por diversos motivos. Algunas de estas consultas fueron presentadas nuevamente una vez enmendados los defectos detectados.

En cuanto a la procedencia de las consultas, 104 corresponden a la Administración (54,74%); 28 a consells insulares (14,74%); 50 a ayuntamientos (26,32%); siete al Consorcio para la Protección de la Legalidad Urbanística en Suelo Rústico de Menorca (3,68%), y una al Consorcio Sociosanitario de Menorca (0,53%).

En cuanto al ámbito de las consultas, la mayoría (92) se refieren a responsabilidad patrimonial, seguidas por consultas relacionadas con disposiciones normativas (39), revisiones de oficio (31) o contratación (16), entre otras.

En 2022, el Consell Consultiu emitió 60 dictámenes sobre responsabilidad patrimonial. De estos, en 52 se consideró que debía ser desestimada la reclamación (86,67%), en uno se propuso la estimación íntegra (1,67%) y en siete se manifestó a favor de una estimación parcial (11,67%).

Las principales causas de reclamación por responsabilidad patrimonial de la Administración se refieren a asistencia sanitaria (23 dictámenes) y caídas y accidentes (20 dictámenes). Las 17 restantes corresponden a diversas causas, entre las cuales destaca la intervención administrativa en relación a la COVID-19, que ha motivado nueve reclamaciones.

En cuanto al importe reclamado a la Administración en 2022, fue de un total de 127.198.865 euros, y el importe estimado como procedente de ser reclamado fue de 256.378 euros, lo que representa un 0,2% del total reclamado.

En el acto de este miércoles también estuvieron presentes la consellera de Presidencia y Administraciones Públicas, Antònia Maria Estarellas; el conseller de Empresa, Empleo y Energía, Alejandro Sáenz de San Pedro, y el presidente del Parlament, Gabriel Le-Senne, entre otras autoridades.

Además, durante la jornada se realizó la entrega de la memoria correspondiente al año pasado del Consell Consultiu a la presidenta del Govern y al presidente del Parlament, a cargo del presidente del órgano, Antonio Diéguez.