En un reciente informe, el Consell Consultiu ha respaldado la anulación de la polémica compra de mascarillas realizada en mayo de 2020 a la empresa Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas, que actualmente es objeto de investigación por parte de la Audiencia Nacional. La adquisición, valuada en 3.7 millones de euros, ha sido cuestionada por falta de capacidad de la empresa para llevar a cabo el suministro contratado y por carecer de la solvencia técnica adecuada.

La solicitud de revisión de este contrato fue presentada por el director general del IbSalut en junio de este año, con la intención de recuperar los fondos pagados a la empresa en cuestión. El actual Ejecutivo autonómico considera que el contrato presentaba irregularidades que justificaban su anulación, lo que podría permitir la recuperación de los 3.7 millones invertidos en la adquisición de las mascarillas.

Para el Consell Consultiu, aunque la tramitación de la compra se haya realizado de manera urgente debido al contexto de la pandemia, esto no exime a la administración de cumplir con los requisitos formales establecidos en la normativa de contratación pública. Es necesario, según el órgano consultivo, que se haya elaborado un expediente de contratación adecuado, incluso si la tramitación inicialmente fue de forma verbal.

En relación a la capacidad de obrar de la empresa contratista, el informe del Consell Consultiu señala que esta no cumplía con los requisitos necesarios para llevar a cabo la actividad objeto del contrato, ya que su objeto social no se ajustaba a la compra realizada y carecía de la autorización administrativa correspondiente para llevar a cabo dicha actividad.

Además, en cuanto a la solvencia técnica, la empresa implicada tampoco pudo demostrar que cumplía con los requisitos necesarios al momento de la adjudicación del contrato. Estos hallazgos refuerzan la posición de la administración autonómica en cuanto a la anulación de la compra realizada a Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas, en el marco de una investigación en curso por las autoridades judiciales competentes.