PALMA, 27 de octubre. En un nuevo desarrollo en el ámbito de la política agraria en las Islas Baleares, el GOB ha denunciado la intención del Govern de avanzar con una normativa que, según su perspectiva, busca desmantelar la protección del territorio y el medio ambiente. En concreto, se refieren al anteproyecto de la nueva ley agraria que ya está en proceso de tramitación.

La organización ecologista ha hecho públicas una serie de alegaciones, argumentando que este texto no aboga por la defensa del campo ni por la sostenibilidad de la payesía, sino que se inscribe dentro de un esfuerzo legal que favorecería la especulación en ámbitos urbanísticos, energéticos y turísticos. Según el GOB, lo que se propone es una legislación que debilitaría la protección que actualmente existe sobre el suelo rústico.

Los ecologistas han enmarcado esta ley en un conjunto de normativas aprobadas durante esta legislatura que incluyen medidas urgentes en materia de vivienda, simplificación administrativa y obtención de suelo. En su evaluación, consideran que este nuevo marco normativo coloca el suelo rural en el centro del negocio, desregulándolo y reduciendo los controles públicos que garantizan la protección del medio ambiente.

Desde su punto de vista, este proyecto no debería ser catalogado como una ley agraria, sino más bien como un intento de colonización del campo. Enfatizan que la futura normativa permitiría, entre otras cosas, la legalización de construcciones ilegales anteriores a 1991, lo que representaría una especie de amnistía urbanística disfrazada. Además, permitiría nuevas edificaciones en pequeñas parcelas bajo la premisa de 'ocio o autoconsumo', lo que podría transformar el paisaje rural en una serie de chalets.

Los ecologistas también advierten que la nueva normativa podría reemplazar las autorizaciones ambientales por declaraciones responsables, simplificando aún más los procesos y poniendo en riesgo la protección de los espacios naturales. Asimismo, señalan que impulsaría la instalación de energías renovables en suelo agrícola sin las debidas garantías, consolidaría el modelo de macrogranjas que afecta a los acuíferos y subordinaría la gestión forestal a criterios económicos.

Según el GOB, cada nueva regulación que se introduce provoca un deterioro adicional en la planificación del territorio, y afirman que ahora es el campo el que está en la mira del Govern. Consideran que esta ley agraria puede poner fin a décadas de avances en la protección del suelo rústico y en la estructuración del territorio.

Además de comprometer la cohesión territorial, el GOB sostiene que la propuesta actual podría representar un riesgo para la soberanía alimentaria de las Baleares y para la preservación de su paisaje rural. Por este motivo, han instado a que se retire el texto en trámite y se inicie un proceso participativo real, que incluya al sector agrario, entidades ambientales y la sociedad en general.

El objetivo de esta solicitud es redactar una ley que asegure la protección del suelo agrario como recurso estratégico, garantizando la viabilidad de la payesía a pequeña escala y resguardando el territorio de a presión de la especulación urbanística.