• miércoles 07 de diciembre del 2022

El Gobierno consigue pactos con Baleares y otras CCAA para eludir recurrir sus Presupuestos al TC

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MADRID, 21 Oct.

El Ministerio de Política Territorial alcanzó en el mes de septiembre 4 pactos con Baleares, Comunidad de Madrid, País Vasco y Extremadura para eludir interponer elementos de inconstitucionalidad contra algunos preceptos de sus Presupuestos en los que existían enfrentamientos competenciales.

Estos acuerdos con las comunidades autónomas se han logrado en el seno de las comisiones a dos bandas de cooperación, a través del producto 33.2 de la ley del Tribunal Constitucional, que es el instrumento jurídico habilitado para la colaboración con los Ejecutivos autonómicos.

En preciso, sobre la ley de capitales de Baleares, se enseñaron disconformidades con la predisposición final decimosegunda, con lo que se suma una predisposición agregada séptima en la Ley de restos y suelos contaminados sobre la ejecución de una prueba conduzco del Sistema de depósito, devolución y retorno en Formentera.

Así, las dos partes han acordado que el Govern balear acepte el deber de que la prueba conduzco se hará en los términos establecidos en la ley de restos y el decreto de envases y restos de envases que dentro de poco aprobará el Consejo de Ministros.

Asimismo, han pactado que el Ejecutivo autonómico acepte el deber de comenzar la ejecución de la prueba conduzco antes que se apruebe este decreto, que el Gobierno central espera ofrecer luz verde antes del 31 de diciembre del año vigente.

Por otro lado, en los Presupuestos de Madrid, la disputa se encontraba con relación a el producto 61 --especialidades en la tramitación de los métodos--, apartado segundo. En este sentido, han acordado que el Ejecutivo madrileño acepte el deber de interpretar y utilizar el mencionado precepto de conformidad con lo preparado en el producto 50 --tramitación de urgencia-- del decreto de medidas urgentes para la modernización de la administración y la ejecución del Plan de Restauración.

A este acuerdo se llegó asimismo con el País Vasco, si bien, en su ley de capitales, las especialidades en la tramitación de los métodos está en el producto 32. No obstante, el Ejecutivo Vasco acepta exactamente el mismo deber que en la situacion de Madrid.

Eso sí, con relación a la predisposición agregada quinta --modificación de los contratos del ámbito público--, las dos partes se enseñaron conformes en que la interpretación y app del precepto proceda de conformidad con la redacción de los productos 203 y 204 de la Ley de Contratos del Sector Público.

Sobre los Presupuestos de Extremadura, las dos partes piensan solventadas las polémicas competenciales en relación a las medidas ajustables a las situaciones de perturbación excepcional y también inesperado de los costes de los materiales en los contratos de obra pública de forma que, con relación a la predisposición agregada decimoquinta, las dos partes han acordado que el Gobierno extremeño se comprometa a fomentar la pertinente modificación legislativa.

Pero no solo el Ministerio de Política Territorial alcanzó estos pactos en temas de Presupuestos, asimismo en el mes de septiembre logró otros cinco acuerdos en otras materias para eludir elementos frente al Tribunal Constitucional.

Por ejemplo, en la ley cantabria de medidas fiscales y administrativas, donde las dos partes han acordado que la app hay que llevar a cabo basado en la normativa básica estatal.

También con Cataluña se alcanzó un convenio sobre su ley de medidas fiscales, financieras y administrativas, que tienen relación con la interpretación del precepto que charla de depósitos de garantía de operaciones crediticias.

Otro de los acuerdos fué con el País Vasco en su ley de administración ambiental del 9 de diciembre de 2021, que afectan a múltiples preceptos que al final fueron solventados, de la misma sucede con el decreto de Andalucía por el que se adoptan medidas de simplificación administrativa y optimización de la calidad regulatoria para la reactivación económica.

Por último, el Gobierno central y la Comunidad Valenciana llegaron a un convenio sobre múltiples preceptos de la Ley de medidas fiscales de administración administrativa y financiera y de organización.

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