En Palma, el 28 de mayo, la Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural está a la espera de que la granja avícola de Llucmajor, objeto de una denuncia ante la Fiscalía por presuntos maltratos a los animales, envíe la información requerida para que se puedan tomar decisiones al respecto.

Los responsables de la granja tienen un plazo de 24 horas para presentar la documentación solicitada, la cual se sumará a los registros que realizaron el pasado martes tanto inspectores de la Conselleria como miembros del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil.

Este compendio de información permitirá a las autoridades elaborar un informe que guiará las acciones del departamento liderado por el conseller Joan Simonet, quien ha afirmado que se tomarán las medidas necesarias en función de los resultados del análisis.

En declaraciones recientes, Simonet destacó que, tras la finalización del informe y la evaluación de toda la evidencia recolectada, el Govern actuará conforme a su compromiso con el bienestar animal y la seguridad alimentaria, asegurando que se implementen las acciones pertinentes.

El conseller adoptó una postura prudente respecto a la posibilidad de cerrar la explotación, aclarando que, conforme a las declaraciones de los responsables de la granja, esta ha retomado sus operaciones normales desde esta mañana.

La Conselleria ha informado que los inspectores de la Dirección General de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, junto con agentes del Seprona, llevaron a cabo una exhaustiva inspección de las instalaciones de la granja de Ses Cisternetes en Llucmajor, que se extendió durante aproximadamente ocho horas.

En este momento, las autoridades están analizando la información recopilada en el terreno para determinar si las seis naves de gallinas de la granja, que está bajo la propiedad de Avícola Son Perot, cumplen con la normativa vigente en materia de sanidad y bienestar animal.

El caso fue revelado recientemente por las organizaciones Arde y Satya Animal, que publicaron una investigación documentando condiciones alarmantes, donde numerosas gallinas convivían entre cadáveres de otros animales, plagas de ratas y un entorno insalubre.

Los grupos defensoras de los derechos de los animales han interpuesto una denuncia por presuntos delitos de maltrato animal y estafa ante la Fiscalía de Medioambiente de Baleares. La Conselleria también ha recordado que el pasado octubre ya había presentado una denuncia contra los responsables de la granja por un posible crimen medioambiental, aunque fue archivada en febrero.