El pasado 5 de diciembre, en Palma, el Consell de Govern tomó una decisión signficativa al aprobar un nuevo decreto que acelera la tramitación de proyectos considerados estratégicos. Este nuevo enfoque fue impulsado tras un acuerdo con Vox, que había desestimado la propuesta en el Parlament el 30 de septiembre. Uno de los cambios más notables es la exclusión de los proyectos de energías renovables del proceso acelerado, los cuales deberán seguir la tramitación ordinaria.

Antoni Costa, portavoz del Ejecutivo, anunció en una conferencia de prensa que el decreto ahora aprobado es casi idéntico al que fue rechazado hace tres meses, pero contiene "modificaciones menores". Este nuevo decreto establece la creación de una Unidad Aceleradora de Proyectos Estratégicos (UAPE), que funcionará como parte de la Oficina de Planificación y Coordinación de Inversiones Estratégicas.

El acuerdo con Vox también llevó a la eliminación de las Zonas de Interés Autonómico Energético (ZIAE) y a las reformas anteriormente contempladas en la ley de carreteras y de cambio climático, lo que ha sido celebrado por el partido como una victoria que evita una "desregulación encubierta" destinada a facilitar la instalación masiva de energías renovables.

Manuela Cañadas, portavoz de Vox en el Parlamento autonómico, expresó su satisfacción por haber impedido que Baleares siguiera el ejemplo de Andalucía, donde, según ella, el gobierno del Partido Popular ha talado árboles para colocar campos solares. En este contexto, el decreto también establece la declaración de Proyectos de Especial Interés Estratégico (PEIE), que sirve como marco para acelerar y simplificar la tramitación de proyectos tanto públicos como privados.

La UAPE, que se integrará en la citada oficina, será fundamental para apoyar y facilitar la implementación de estos proyectos, actuando como un enlace único entre los promotores y la Administración. Este jefe de proyecto se encargará de hacer un seguimiento de los PEIE y coordinará el avance de los trámites ante diferentes organismos.

Además, los proyectos que no estén suficientemente desarrollados tendrán acceso a un servicio de apoyo a la inversión estratégica, que proporcionará orientación sobre los incentivos y servicios disponibles en función de las necesidades de los promotores.

Para que un proyecto privado pueda ser designado como PEIE, deberá cumplir ciertas condiciones. Puede optar a esta declaración si alcanza un monto mínimo de inversión según su sector, que varía desde 0,5 millones en el sector agrario hasta 10 millones en otros. También se considera la creación de empleo estable y de calidad, exigiendo un número específico de puestos de trabajo dependiendo del tipo de proyecto.

La segunda vía para obtener la declaración PEIE no implica requisitos económicos o laborales, pero sí demanda que el proyecto tenga un impacto transformador en la economía balear, favoreciendo la diversificación o el cambio económico significativo, siempre bajo la tutela de la Conselleria correspondiente.

Los proyectos que consigan la calificación de PEIE gozarán de un tratamiento preferente en términos administrativos, lo que incluye la reducción de plazos de tramitación, apoyo técnico durante su desarrollo, y acceso rápido a financiación y subvenciones. La ley también mantiene en su texto la autorización necesaria para la transferencia de residuos de Ibiza a Mallorca, un asunto que podrá ejecutarse de manera inmediata.

En el ámbito del sector público, el decreto simplifica las regulaciones previas, eliminando, entre otras cosas, la caducidad de la declaración PEIE a los dos años. La aplicación de esta norma se extenderá a toda la administración autonómica e insular, incluidas diversas entidades públicas.

Adicionalmente, aunque los municipios de Palma e Ibiza mantendrán sus declaraciones de manera simplificada, el resto de entidades locales tendrán la posibilidad de solicitar la declaración PEIE para proyectos relacionados con el ciclo del agua, la eficiencia energética o el tratamiento de residuos. La administración nacional también podrá gestionar solicitudes a través de la Conselleria correspondiente.

Por último, la Comisión para la Aceleración de Proyectos Estratégicos (CAPE) será la responsable de evaluar los proyectos privados que deseen ser reconocidos como PEIE. Esta comisión, presidida por el conseller encargado de inversiones estratégicas, incluirá representantes de las administraciones implicadas y su función será garantizar el adecuado desarrollo de los proyectos y proponer mejoras para optimizar los procedimientos administrativos.