El Govern aprobará un decreto ley con 160 millones para paliar efectos del conflicto en Oriente Medio
El Consejo de Govern de las Islas Baleares aprobará este miércoles un decreto ley destinado a responder a los efectos económicos y sociales derivados del conflicto en Oriente Medio, con una inversión superior a 160 millones de euros. La medida se aprobará en una sesión extraordinaria a las 12:00 horas, seguida de una comparecencia del portavoz del Ejecutivo, Antoni Costa.
Este paquete de medidas pretende reforzar la respuesta autonómica ante las dificultades que enfrenta la economía insular, considerando que las ayudas del Gobierno central son percibidas como insuficientes. La iniciativa refleja un esfuerzo del Ejecutivo balear por priorizar la estabilidad económica y social en un contexto de incertidumbre global.
El decreto se estructura en cinco bloques principales. El primero contempla un apoyo financiero de 75 millones de euros para autónomos y empresas mediante líneas de crédito gestionadas por ISBA. En paralelo, se destinarán 36,7 millones en ayudas directas a sectores afectados, incluyendo el primario y el transporte, con una atención especial a las empresas más vulnerables.
Asimismo, se prevén medidas para agilizar la tramitación de las ayudas y se implementarán incentivos fiscales, con un impacto cercano a los cuatro millones de euros. Entre estas, se reintroduce la deducción en el IRPF para compensar el incremento de costes hipotecarios y se establecen bonificaciones en tasas portuarias, con un 50% para empresas y un 100% para pescadores, inicialmente hasta septiembre.
Por último, el paquete incluye una dotación de 45 millones para revisar precios en contratos públicos de obra y servicios. La propuesta cuenta con el respaldo del PSIB, que valora positivamente las medidas y la actualización de los sueldos públicos, aunque también reclama ayudas sociales directas que aún no están contempladas en el paquete.
Este contexto se inscribe en un escenario político en el que el Govern busca fortalecer su autonomía frente a una percepción de insuficiencia en las respuestas del Estado central, mientras afronta una coyuntura internacional marcada por conflictos que afectan a la economía global y, en particular, a las economías insulares.