La Abogacía de Baleares ha decidido presentar un recurso contencioso-administrativo ante un tribunal en Las Palmas de Gran Canaria. Este recurso surge en respuesta a una resolución que implica el traslado y reubicación de un menor extranjero no acompañado hacia las Islas Baleares.

La medida fue aprobada en el Consell de Govern de este viernes y fue comunicada por Antoni Costa, portavoz del Gobierno balear, durante una rueda de prensa tras la reunión.

Este es el tercer intento de traslado de un menor no acompañado en el que la Abogacía se ha visto obligada a actuar legalmente. Hasta la fecha, el portavoz ha confirmado que ninguno de los tres menores ha llegado a Baleares.

El recurso impugna una resolución fechada el 4 de diciembre de 2025, emitida por el delegado del Gobierno en Canarias, que autoriza la reubicación del menor en el archipiélago balear.

Esta resolución indica que la protección del menor deberá ser asumida por los servicios de la Comunidad Autónoma, de acuerdo con el Real Decreto Ley 2/2025 y el Real Decreto 658/2025, que tratan sobre la gestión de situaciones de crisis migratoria extraordinaria.

Es importante señalar que la Abogacía de Baleares ya ha impugnado ambos decretos, contando con el respaldo del Consell de Govern.

Desde la Abogacía se ha manifestado que la resolución del delegado gubernamental "no fundamenta adecuadamente" la negativa a las alegaciones de la Comunidad Autónoma presentadas durante el proceso de audiencia.

Asimismo, se menciona una "vulneración" del procedimiento correcto para el traslado y reubicación de menores, destacando la falta de un acuerdo previo en la conferencia sectorial correspondiente.

Adicionalmente, el Gobierno ha señalado que la resolución "ignora" el estado de los centros de atención para menores extranjeros no acompañados en el archipiélago y la situación crítica de la migración que ha sido declarada en múltiples ocasiones por el Ejecutivo balear.

Actualmente, Baleares se encarga de la protección de 745 menores extranjeros no acompañados, una cifra que supera notablemente la capacidad habitual asignada para ello.

Ante este escenario, el Govern ha destacado las "carencias" del Real Decreto que establece la capacidad ordinaria del sistema de protección en cada comunidad autónoma, que para Baleares fija un límite de 406 menores.

La Abogacía sostiene que esta capacidad está basada en criterios "poco justificados", aplicados de manera "opaca y arbitraria", provocando así desequilibrios territoriales y vulnerando el principio constitucional de solidaridad entre territorios.

El Consell de Govern ha aprobado la redistribución de los fondos estatales destinados a la atención de menores migrantes no acompañados entre los cuatro consells insulares. Esta redistribución se llevará a cabo según un convenio establecido entre el Govern y cada consell.

El presupuesto total asciende a 100 millones de euros, provenientes del Ministerio de Juventud e Infancia, para todas las comunidades autónomas, que servirá para cubrir gastos relacionados con la sobreocupación y acogida de menores. De esa cantidad, Baleares recibirá 4,6 millones de euros.

A esta suma se añaden otros 35 millones que serán distribuidos entre Canarias, Ceuta, Melilla y Baleares, reconociendo el Ministerio que estas regiones están bajo una mayor presión migratoria en comparación con otras partes de España.

Baleares, de acuerdo a este criterio, obtendrá 3,2 millones de euros, totalizando así 7,8 millones que se distribuirán entre los consells según la acogida y la sobreocupación de sus servicios correspondientes para menores.

En específico, se asignarán 3,1 millones de euros para el Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS); 3,8 millones al Consell de Formentera; 728.000 euros al de Ibiza y 88.600 euros para el Consell Insular de Menorca.

El portavoz del Govern ha enfatizado que la contribución del Estado es "totalmente insuficiente" para abordar los gastos actuales, dadas las condiciones de sobreocupación que enfrentan los servicios de menores gestionados por los consells.