El próximo lunes, 13 de octubre, comenzará un plazo de diez días hábiles para que los interesados puedan presentar alegaciones a la nueva Ley Agraria que el Govern de Baleares ha hecho pública.

La iniciativa legal se ha diseñado con el propósito de proporcionar herramientas que faciliten el trabajo agrícola y aumenten la rentabilidad de este importante sector. De acuerdo con la información suministrada por la Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural, el texto de la propuesta ya está disponible en el Portal de Transparencia del Govern, donde se puede consultar en detalle.

La nueva Ley Agraria busca recuperar el enfoque de la legislación original de 2014, desbordando las restricciones impuestas por la Ley 3/2019, que limitó derechos y desincentivó inversiones en explotaciones agrícolas. Esta normativa se propone adaptar el marco legal a las necesidades actuales del sector, proporcionando a agricultores y ganaderos herramientas que les permitan llevar a cabo su trabajo diario de manera más eficiente, al tiempo que se simplifican los trámites administrativos y se refuerza su gestión del territorio y el medio ambiente.

Joan Simonet, el conseller de Agricultura, ha expresado que la creación de este primer borrador ha sido fruto de un proceso de colaboración con diferentes agentes del sector, incluyendo organizaciones agrarias, cooperativas y asociaciones de productores. Simonet ha resaltado cómo estas interacciones han enriquecido la propuesta, haciéndola más acorde a las realidades del campo en Baleares.

Es importante recordar que el proceso de consulta pública para la nueva Ley Agraria comenzó en agosto de 2024, durante el cual se recibieron y analizaron sugerencias de ciudadanos y organizaciones involucradas en la agricultura. Este ejercicio de transparencia y participación permite que la voz de la comunidad sea tenida en cuenta en la formulación de políticas agrarias.

La ley introduce una serie de novedades que facilitan no solo la actividad agraria, sino también su mantenimiento y crecimiento. Se promueve la venta directa de productos locales y se busca potenciar el uso de energías renovables, especialmente la agrovoltaica. La simplificación administrativa se establece como un principio fundamental que guiará la acción pública en el ámbito agrario.

Simonet afirmó que esta legislación representa un avance hacia un campo más eficiente y con un futuro prometedor, donde la agricultura sea percibida como una opción de vida digna y sostenible. En sus propias palabras, “esta ley no entrega ayudas, proporciona herramientas para que nuestros agricultores y ganaderos puedan trabajar y prosperar”.

El conseller también subrayó que la propuesta es el resultado de un diálogo constructivo con el sector, asegurando que ha sido diseñada para mejorar la calidad de vida de quienes dependen de la tierra. Todavía existe la posibilidad de que se incluyan más propuestas en el marco de este proceso participativo.

Además, se destaca que este nuevo marco legal es coherente con las discusiones europeas sobre el futuro de la agricultura. Se busca un sector agrícola no solo funcional, sino también atractivo para las nuevas generaciones, que impulse oportunidades laborales y empresariales en áreas rurales.

Recientemente, el Parlamento Europeo ha aprobado una resolución que enfatiza la necesidad de apoyar tanto la agricultura, como actividad esencial, así como la diversificación económica a través del turismo rural sostenible y otras iniciativas locales, con el fin de hacer que las regiones rurales sean más viables.

Por último, la futura Ley Agraria 2025 se centrará en la bioeconomía circular, regulando la gestión de residuos y biomasa, y promoviendo las energías renovables en el sector agrario. Se especificarán las condiciones para la venta directa y los circuitos cortos, apoyando así el producto local y reforzando la soberanía alimentaria, entendiendo que la agricultura es no solo un oficio, sino también un pilar de identidad cultural y tradicional.