La mujer, en un gesto de arrepentimiento, ha vuelto a pedir perdón a algunos de los perjudicados por la estafa cometida, mientras que su pareja ha reiterado su apoyo y ha insistido en exculpar a su hija del delito.

PALMA, 3 Jul.

La Audiencia Provincial de Baleares ha concluido el juicio contra una familia acusada de estafar a una quincena de personas, muchas de ellas residentes en el barrio de Son Gotleu, en transacciones inmobiliarias fraudulentas que ascendieron a más de medio millón de euros.

La principal acusada es una mujer de 41 años, conocida en los barrios obreros de Palma por presuntamente facilitar hipotecas a individuos con recursos limitados. La acusan de liderar un grupo conformado por su esposo (51) y su hija (23).

La fiscalía solicita ocho años de prisión y una multa de 8.760 euros para los padres por el delito de estafa agravada, y plantea una condena alternativa de tres años de cárcel para la hija por blanqueo de capitales.

El juicio se inició el 17 de junio y concluyó este miércoles con los informes finales y las últimas declaraciones, en las cuales la mujer pidió perdón nuevamente a algunas de las víctimas por el daño causado.

En su testimonio, la mujer admitió haber estafado a algunos denunciantes, pero atribuyó sus acciones a la presión de prestamistas amenazantes. Su esposo defendió a su hija, asegurando que esta no tuvo conocimiento de las operaciones fraudulentas realizadas por sus padres.

La defensa de la principal acusada argumentó que las transacciones no fueron planificadas con engaños, ya que los inmuebles involucrados sí existían y fueron visitados por los afectados. Además, destacaron que los perjudicados tenían responsabilidad en protegerse a sí mismos según jurisprudencia previa.

Muchos de los estafados entregaron sus ahorros a la acusada como parte de acuerdos para comprar propiedades que nunca se concretaron. Uno de los casos más graves involucra a una pareja que transfirió casi 150.000 euros para adquirir un piso que nunca obtuvieron, resultando en una demanda por ocupación ilegal.

Tras la estafa, la acusada huyó de la isla y fue capturada junto a su familia en Cádiz. La Policía Nacional los localizó tras meses de búsqueda utilizando la geolocalización de sus teléfonos móviles.

Una acusación particular señala a un cuarto individuo de origen marroquí como cómplice de la estafa, aunque la Fiscalía no lo considera responsable en este caso.