Crónica Baleares.

Crónica Baleares.

El Juzgado de Palma deja que la Fiscalía Europea se encargue de la denuncia del PSIB contra Ureña.

El Juzgado de Palma deja que la Fiscalía Europea se encargue de la denuncia del PSIB contra Ureña.

En Palma, el Juzgado de Instrucción número 7 ha decidido dejar en manos de la Fiscalía Europea la investigación de la denuncia presentada por el PSIB contra el director general del IbSalut, Javier Ureña. Los socialistas acusan a Ureña de permitir que caducara la reclamación a la empresa del caso Koldo.

Según el auto al que ha tenido acceso Europa Press, el juez Antonio Garcias considera que la competencia para el caso debe ser asumida por la Fiscalía Europea, que ya está investigando un hecho relacionado, la adquisición de las mascarillas.

El Juzgado de Palma inició acciones después de recibir la denuncia del PSIB pero no tomó ninguna medida de investigación y notificó a la Fiscalía Europea, que pidió asumir el caso.

La denuncia del PSIB acusa a Ureña de haber permitido deliberadamente que caducara la reclamación del IbSalut a la empresa por la calidad de las mascarillas. Los socialistas afirman que Ureña permitió el vencimiento del expediente "en beneficio claro de la empresa y sus colaboradores", considerando una segunda reclamación como una "cortina de humo" una vez que se reveló la investigación.

La denuncia también apunta hacia la empresa investigada en el caso Koldo, Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas S.L., y su administrador, Íñigo Rotaeche, uno de los imputados en la causa en la Audiencia Nacional.

Se destaca que la resolución de la primera reclamación a la empresa establecía un plazo de tres meses, término al que se aferraban los investigados en sus conversaciones cuando hablaban de que la Comunidad no seguiría con la reclamación.

El equipo actual del IbSalut asegura, por su parte, que según la normativa el plazo sería de ocho meses y que por lo tanto estaría dentro del plazo cuando se conoció el caso, atribuyendo a un "error" material la referencia a los tres meses. En todo caso, la administración no respondió a las alegaciones presentadas por la empresa en noviembre.

El caso cobró relevancia en febrero con la detención del ex asesor de José Luis Ábalos, y en marzo el IbSalut renunció a la reclamación al considerarla inviable debido a un documento del equipo anterior que respaldaba la calidad de la carga. Concurrentemente, se inició un nuevo expediente para declarar nulo el contrato desde su origen y exigir el total del importe, que asciende a 3,7 millones de euros. La empresa ha presentado alegaciones, según fuentes del IbSalut.

Durante una comparecencia en la Comisión de Salud en el Parlament, Ureña defendió el pasado 8 de mayo que es "inverosímil" que el Govern del PP acordara con la trama Koldo dejar caducar el expediente cediendo a presiones del exasesor de Ábalos, exministro con el PSOE. Ureña está programado para comparecer nuevamente en el Parlament por este tema, esta vez dentro de la comisión no permanente de investigación.

En otro frente, la Audiencia Nacional ha aceptado la solicitud del Govern de personarse como parte perjudicada en el caso Koldo, después de que la Comunidad aportara la desafectación de los fondos europeos con los que se pagó el contrato de 3,7 millones a la empresa investigada.