• sábado 28 de enero del 2023

El Juzgado trata a ocho personas por estafa y conjunto criminal por el estafa masivo de intoxicaciones en hoteles

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PALMA, 25 Ene.

El Juzgado de Instrucción número 2 de Palma ha dictado un coche por el que trata a ocho personas por delitos de estafa y pertenencia a organización criminal con relación al presunto estafa de intoxicaciones en hoteles de Mallorca.

El Juzgado ha dictado el coche de transformación al Procedimiento Abreviado, un trámite que en la práctica supone el cierre de la instrucción como paso antes de la apertura de juicio oral.

Conforme han informado a Europa Press fuentes cercanas al caso, en los argumentos, la juez concluye que hay rastros suficientes de delito y desecha la solicitud del archivo de las defensas.

De esta manera, la juez cree que el resultado de la investigación apunta a la presencia de un conjunto criminal ordenado, destinado a capturar turistas británicos para persuadirles de enseñar reclamaciones diciendo falsamente haber sufrido intoxicaciones alimenticias a lo largo de su estancia en hoteles de Mallorca, utilizando la legislación entonces vigente en Reino Unido para cobrar una indemnización.

La juez cree que a lo largo del periodo de tiempo investigado el perjuicio para los touroperadores y hoteles "superó los 200.000 euros". En los comienzos de la investigación la Federación Empresarial Hotelera de Mallorca (FEHM) cifró la cuantía de la estafa en 50 millones de euros.

Cabe indicar que múltiples de la gente presuntamente implicadas, ciudadanos británicos, hoy prosiguen en sitio desconocido más allá de los intentos del Juzgado por encontrarlos.

A lo largo de la operación de la Guardia Civil en 2017 fueron detenidas siete personas de nacionalidad británica --los supuestos cerebros del estafa-- y se practicaron ocho registros en distintas ayuntamientos de Mallorca. Tras pasar predisposición judicial, el Juzgado dictaminó independencia provisional para cinco de los siete detenidos y ordenó sacar el pasaporte a la mujer considerada líder de la trama, una empresaria de Magaluf.

Los investigados están acusados de conformar una organización encargada de capturar turistas británicos a fin de que presentasen en su país de origen reclamaciones falsas por intoxicaciones alimenticias sufridas a lo largo de sus vacaciones en hoteles en Mallorca.

Según la Guardia Civil, los clientes del servicio eran captados en la calle por 'tiqueteros' en los aledaños de los complejos hoteleros. Presuntamente, los 'tiqueteros' les ofrecían administrar las reclamaciones falsas y les señalaban lo que debían realizar en el momento en que volviesen de sus vacaciones.

El inconveniente aparece de una modificación de la ley en Reino Unido en 2013 en lo que se refiere al trámite de arbitraje de consumo, que excluía todas y cada una de las reclamaciones por prestación de servicios completados fuera de territorio británico.

Así, la legislación británica dejaba enseñar estas reclamaciones a través del touroperador hasta tres años después y como prueba alcanzaba probar que a lo largo de las vacaciones se adquirió cualquier fármaco contra enfermedades estomacales, por servirnos de un ejemplo, sin precisar enseñar justificante o pericial médica.

Ahora los touroperadores abonaban la indemnización al cliente y después la descontaban al hotel. Este inconveniente no solo afectaba a Baleares, sino asimismo se dio en otras zonas de España como Canarias o Valencia.

El Gobierno británico fomentó cambios legislativos tras advertir varios casos presuntamente irregulares: el número de personas que demandaban por haber enfermado en vacaciones había incrementado mucho más de un 500 por ciento en tres años, al paso que el número de casos de patología notificados en el sitio turístico continuaba igual o era inferior.

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