PALMA, 28 de octubre.

El Parlament ha hecho una firme demanda: la dimisión de la ministra de Igualdad, Ana Redondo, junto con una profunda revisión de las responsabilidades políticas y administrativas tras los fallos en la implementación de las pulseras antimaltrato, cuyo objetivo es monitorear casos de violencia de género.

Esta exigencia formó parte de una proposición no de ley (PNL) presentada el martes por Maria de Lluc Fornás, diputada del PP. La propuesta obtuvo el respaldo de su partido y de Vox, mientras que la izquierda se opuso enérgicamente.

La cámara legislativa ha urgido al Ministerio de Igualdad a que aclare con urgencia el impacto de la pérdida de datos en el sistema de órdenes de alejamiento emitidas antes de marzo de 2024, específicamente en el contexto de Baleares.

Adicionalmente, se ha requerido información desglosada por comunidades autónomas sobre cuántas órdenes de alejamiento se han visto afectadas por dicha problemática y se han solicitado medidas para recuperar los datos o establecer sistemas alternativos que aseguren la “continuidad y seguridad” del sistema VioGén.

Por último, gracias al apoyo del PP y parte de la oposición de izquierda, se ha exigido al Ministerio de Justicia la creación de un Juzgado de Violencia contra la Mujer en Menorca.

Fornás expresó su preocupación, argumentando que “tras cada error, hay una mujer desprotegida”. Señaló que “el silencio resulta mortal cuando el Estado falla” y reafirmó su compromiso de no permanecer callados ante esta situación.

La diputada del PP también criticó el manejo de la situación, afirmando que el problema persiste sin solución adecuada y denunciando lo que calificó como un “vergonzoso silencio” por parte del Ministerio de Igualdad.

“La violencia se infiltra donde puede y han encubierto el verdadero problema: su propia incompetencia política. Exigimos la renuncia de la ministra por su negligencia e inacción, mientras las víctimas quedaban a merced del peligro”, concluyó.

Manuela Cañadas, portavoz de Vox, aclaró que su apoyo a gran parte de la iniciativa no está motivado por una defensa del sistema VioGén, sino por la necesidad de exigir transparencia ante los fallos detectados.

Aunque aprobó la solicitud de dimisión de Redondo, Cañadas se mostró en contra de la creación de un nuevo Juzgado de Violencia sobre la Mujer en Menorca.

Irantu Fernández, diputada del PSOE, cuestionó al PP, afirmando que esta iniciativa surge por instrucciones de su dirección nacional. “Poco les interesa el sistema VioGén; han recibido órdenes de Madrid para atacar al Gobierno en esta cuestión”, afirmó.

Además, Fernández instó a los 'populares' a ser igualmente transparentes sobre los errores en los cribados de cáncer de mama, tal cual exigen en el caso de las pulseras antimaltrato.

Por su parte, Marta Carrió de MÉS per Mallorca criticó a Fornás por aprovechar los errores del Gobierno para “hacer ruido” en lugar de buscar soluciones constructivas.

Carrió propuso que la gestión de las pulseras de control telemático se convierta en una parte integral de un servicio público, evitando que esté sujeta a licitación. “La seguridad de las mujeres debe ser una prioridad del Estado”, destacó.

Finalmente, la diputada ecosoberanista instó al Ministerio de Igualdad a llevar a cabo una “reflexión importante” sobre los mecanismos tecnológicos de protección que necesitan las mujeres, señalando que a menudo no cumplen su función adecuadamente.