PALMA, 4 de noviembre.

El Parlamento de las Islas Baleares ha decidido rechazar la propuesta de ley que buscaba regular las organizaciones de la sociedad civil, presentada por el Fòrum de la Societat Civil en colaboración con partidos de izquierda. La iniciativa fue desestimada gracias a los votos en contra del Partido Popular (PP) y Vox, lo que impide su avance en el proceso legislativo. Por su parte, el PSIB, MÉS per Mallorca, MÉS per Menorca y Unidas Podemos se manifestaron a favor de la propuesta.

El propósito principal de esta legislación era definir con claridad los distintos tipos de organizaciones de la sociedad civil y establecer un censo oficial que facilitara su acceso a ayudas y reconocimiento público. Además, se proponía la creación del Consejo de la Sociedad Civil de Baleares, un organismo destinado a asesorar y participar en la formulación de políticas públicas, así como el fortalecimiento del Observatorio de las Transiciones para analizar el impacto social, ambiental y económico generado por estas entidades.

La diputada del PSIB, Mercedes Garrido, fue la primera en argumentar a favor de la propuesta, señalando que su implementación podría facilitar la involucración de los ciudadanos en los asuntos que les afectan a través de sus organizaciones. Garrido defendió que fortalecer la sociedad civil conlleva mejoras en la calidad democrática, cuestionando la postura del PP: “¿Están con Vox o con la democracia?”, preguntó desafiando a sus contrincantes.

Garrido también se preguntó cuáles serían las razones del PP para oponerse, considerando que la propuesta solamente buscaba complementar la ley del tercer sector con un alcance más amplio. En su intervención añadió que la colaboración entre las instituciones y la sociedad civil es fundamental para mantener y enriquecer el patrimonio comunitario.

El portavoz de MÉS per Mallorca, Lluís Apesteguia, respaldó la iniciativa argumentando que el Estatut d'Autonomia ya reconoce la importancia de las organizaciones civiles, lo que hace de esta cuestión algo trascendente más allá de las diferencias ideológicas. Apesteguia enfatizó la necesidad de tratar esta propuesta como parte esencial del autogobierno, instando a que su tramitación fuera admitida.

El ecosoberanista mostró apertura a debatir y consensuar el texto durante el proceso legislativo, asegurando que las organizaciones involucradas estarían de acuerdo con ello. Asimismo, advirtió que el rechazo a esta normativa podría evidenciar una falta de voluntad de la derecha para permitir una mayor regulación y participación de la sociedad civil.

Josep Castells, portavoz de MÉS per Menorca, destacó que la ausencia de una normativa adecuada representa una grave carencia que afecta a la calidad democrática. “Sin un marco que regule estas organizaciones, se les priva de un soporte esencial para su relación con la administración”, advirtió.

El diputado de Unidas Podemos, José María García, se unió a la defensa de la ley, presentándola como un medio para construir una sociedad más fuerte y equilibrada, que brinde a las organizaciones un marco legal adecuado a sus necesidades.

Por otro lado, Manuela Cañadas, portavoz de Vox, criticó la propuesta argumentando que, bajo el pretexto de promover la sociedad civil, busca en realidad transformar el asociacionismo en un instrumento de control ideológico. “La auténtica sociedad civil no necesita la aprobación de los partidos ni de los gobiernos”, expresó, subrayando la importancia de la autonomía de estas organizaciones.

Cristina Gil, diputada del PP, alertó sobre la “degradación” de la democracia actual, atribuyéndola a un Gobierno que ha socavado la confianza ciudadana en las instituciones. Según ella, el verdadero equilibrio en una democracia debe proceder de una sociedad civil libre, que no esté limitada ni regulada en su actuación.

“Una democracia sólida no necesita control sobre la sociedad civil, sino que debe escucharla y permitirle actuar sin restricciones”, concluyó Gil, enfatizando que esta propuesta legislativa en realidad limita la libertad de las organizaciones al imponerles regulaciones sobre sus actividades y objetivos.

Durante el debate, la bancada de la izquierda interrumpió en tono irónico cuando Gil mencionó órganos participativos en el Govern, a lo que el vicepresidente primero de la Mesa del Parlament, Mauricio Rovira, respondió con sarcasmo pidiendo que “no sean tan participativos”, intentando devolver al debate su esencia original.