El Parlament de las Islas Baleares ha tomado una notable decisión al instar al Govern a que asegure la "gratuidad real" en los centros educativos concertados. Esta medida implica prohibir cualquier tipo de cuotas obligatorias que pudieran disfrazarse de pagos encubiertos, además de establecer mecanismos que aseguren que cualquier contribución económica al centro sea estrictamente voluntaria y no afecte el acceso de los alumnos a los mismos.

Dicha propuesta fue presentada por el diputado del PSIB, Àlex Pitaluga, en la Comisión de Educación y Universidades, y fue aprobada en parte después de amplios debates. La iniciativa busca abordar varios problemas en el sistema educativo actual y enfocarse en la equidad.

Entre los puntos refrendados, destaca la importancia de combatir la segregación escolar, demandando una distribución equitativa del alumnado en las instituciones públicas y concertadas. Este enfoque tiene como objetivo principal garantizar la igualdad de oportunidades y promover la cohesión social dentro de la comunidad balear.

El Parlament también ha solicitado que se publiquen anualmente datos precisos sobre la composición de los centros educativos, incluyendo estadísticas sobre el alumnado extranjero, aquellos con necesidades educativas específicas y beneficiarios de becas para comedor. Esta medida busca contribuir a la transparencia y facilitar un seguimiento efectivo de las políticas diseñadas para erradicar la segregación en el sistema educativo.

Sin embargo, no todas las propuestas fueron apoyadas por los partidos en la comisión. Vox se opuso a varios puntos, incluidos aquellos que pretendían distribuir de manera equilibrada a los alumnos con necesidades especiales y los recién llegados en centros públicos y concertados, asegurando que esto evitaría la formación de guetos escolares.

Además, se desestimó la propuesta que buscaba eliminar criterios de admisión como la antigüedad del alumno o un sistema de zona única en Palma, argumentando que tales medidas exacerban la concentración de estudiantes vulnerables en centros públicos, perpetuando la segregación.

Igualmente, se rechazó la creación de un mecanismo que asegurara una matrícula equitativa para aquellos estudiantes que se inscriban fuera de los plazos establecidos, una carga que, según se argumenta, recaería desproporcionadamente sobre los centros públicos.

En otro contexto, se discutió en la misma comisión una proposición no de ley del PP, presentada por Ana Isabel Curtó, que fue aprobada en su totalidad. Esta iniciativa propone una normativa autonómica que regule los procesos de selección del personal docente, con el apoyo mayoritario del PP y Vox, mientras que otros grupos optaron por abstenerse.

El objetivo de esta nueva regulación es asegurar que los procedimientos relacionados con traslados, interinatos y la provisión de plazas docentes sean ágiles y transparentes. Se busca, además, establecer de manera clara el funcionamiento de los tribunales de oposiciones, garantizando igualdad de condiciones para todos los aspirantes.

A través de estas medidas, el Parlament pretende corregir "deficiencias históricas" en la gestión del personal educativo y construir una base legal sólida que promueva un sistema más estable y transparente, reafirmando su compromiso de aprender de los errores del pasado.