El Partido Popular ha presentado en el Parlament una propuesta legislativa que busca prohibir el uso del burka y el niqab en los edificios públicos de las Islas Baleares.

Dicha propuesta, tal como se detalla en el documento, tiene como objetivo "erradicar prácticas que atentan contra los derechos fundamentales, la igualdad y la dignidad de las mujeres y las niñas", entre las cuales se citan la imposición del velo islámico integral, los matrimonios forzados y la mutilación genital femenina.

La diputada del PP, Cristina Gil, enfatizó que esta medida no está dirigida contra ninguna fe, sino que aboga "en defensa de la libertad, la dignidad y la igualdad de las mujeres".

En su intervención, Gil señaló que tanto el burka como el niqab son representaciones de sumisión que no tienen cabida en una sociedad democrática comprometida con los derechos humanos y que, por lo tanto, no deben ser autorizados en el ámbito público.

A través de esta proposición, el PP argumenta que el uso del velo islámico integral se considera una forma de opresión contradictoria con los principios de la Constitución Española, la cual establece la igualdad entre hombres y mujeres y destaca la dignidad humana como fundamento del orden político y social.

La diputada popular subrayó que "la libertad religiosa no debe ser un pretexto para justificar prácticas que discriminan y deshumanizan a las mujeres".

Además, Gil remarcó que países como Francia, Bélgica, Dinamarca, Austria, Bulgaria y Suiza ya han tomado medidas legislativas para prohibir el uso de velos integrales en espacios públicos, argumentando que "España no puede quedarse rezagada cuando se trata de garantizar los derechos humanos".

La proposición del PP también aborda otras prácticas que consideran "extremadamente graves", tales como la mutilación genital femenina y los matrimonios forzados e infantiles, que a nivel internacional son reconocidas como formas severas de violencia contra las mujeres y las niñas.

Gil advirtió sobre la gravedad de estas situaciones, indicando que "son auténticas atrocidades que destruyen la vida de miles de niñas y mujeres cada año", y reafirmó que "ninguna tradición cultural puede prevalecer sobre los derechos humanos".

El texto demanda que el Parlament declare estas prácticas incompatibles con los valores fundamentales de la sociedad y que se promueva su persecución y sanción.

Asimismo, se solicita al Gobierno central que adopte las reformas necesarias para prohibir el uso del velo islámico integral en todas las instalaciones y edificios de titularidad pública.

“Cada siete segundos una niña es forzada a contraer matrimonio en el mundo. No podemos hacer caso omiso”, concluyó Cristina Gil, haciendo hincapié en que “las instituciones tienen una responsabilidad moral y legal de proteger a las mujeres y a las niñas de cualquier forma de violencia, opresión o discriminación”.