PALMA, 12 de septiembre.

El Partido Popular ha presentado una iniciativa en el Parlament que tiene como objetivo instar al Gobierno de España a revisar y ampliar la lista de delitos que descalifican a personas para trabajar con niños, a raíz de un reciente caso de un profesor condenado por acoso a un exalumno.

Esta propuesta busca modificar el artículo 57 del Código Penal, no solo para incluir delitos de naturaleza sexual, sino también aquellos relacionados con el acoso y la persecución de menores, tal como ha señalado el PP en un comunicado oficial.

Anabel Curtó, la diputada que lidera esta propuesta, ha destacado que el actual vacío normativo impide a la Conselleria de Educación y Universidades actuar de manera inmediata y efectiva ante condenas en primera instancia por delitos graves contra menores, como sucede en un centro escolar desde el comienzo del curso con la llegada de un docente con antecedentes judiciales.

Según la legisladora de la formación popular, esta situación provoca “alarma social y preocupación” entre los padres, quienes exigen que las instituciones respondan de manera adecuada.

En esta línea, la proposición no de ley solicita al Gobierno que aclare los criterios para acceder y ejercer profesiones que implican un contacto habitual con menores, así como establezca mecanismos que permitan la separación inmediata de sus funciones a quienes hayan sido condenados por acoso o persecución.

Curtó ha defendido que su grupo parlamentario considera que esta reforma es “urgente e indispensable” para evitar situaciones de vulnerabilidad como las actuales.

“La protección de los niños debe ser siempre nuestra máxima prioridad, por encima de cualquier otra consideración”, ha afirmado Curtó.

Asimismo, ha instado al Ejecutivo a actuar con “rapidez y responsabilidad” en la modificación de la normativa actual, reiterando que “no puede haber lugar para la duda ni la impunidad cuando se trata de garantizar la seguridad y el bienestar de nuestros menores”.

A través de esta iniciativa, el PP busca asegurar respuestas claras, firmes y responsables por parte del Gobierno de España, atendiendo así la “legítima preocupación de las familias” y reforzando la seguridad y el bienestar de la infancia y la adolescencia.