En el contexto político de las Islas Baleares, se ha levantado una controversia significativa en torno a la modificación de la ley de puertos. El diputado del PSIB, Marc Pons, ha lanzado graves insinuaciones sobre el conseller del Mar y Ciclo del Agua, Juan Manuel Lafuente, sugiriendo que este podría tener "intereses directos" en esta reforma legal. Este señalamiento surge en un momento donde la modificación de la norma ha sido acordada exclusivamente entre el PP y Vox, sin salir del ámbito del Consell de Govern.

Durante el debate sobre la toma en consideración de esta modificación legal, Pons instó al conseller a que se presentara ante la asamblea legislativa y desmintiera sus insinuaciones. Este acto de desafío evidencia la tensión entre los partidos, así como la intención de Pons de hacer visible una posible falta de ética en la gestión del conseller.

En respuesta, Lafuente se defendió y negó categóricamente cualquier interés personal en la reforma, afirmando que su única preocupación es la del Govern en relación a esta cuestión. El conseller también destacó que su difunto padre había tenido, durante tres décadas, participaciones en una sociedad vinculada al sector náutico, y manifestó su disposición a ofrecer toda la información necesaria para esclarecer su situación patrimonial.

Pons no quedó satisfecho con la intervención de Lafuente y cuestionó quién gestiona la mencionada sociedad. Reiteró que siguen existiendo dudas y declaró que, según la información pública a su alcance, parece haber una relación directa entre el conseller y una empresa que se beneficiaría de la nueva ley.

Finalmente, Lafuente cerró su intervención lamentando el uso político de su situación personal por parte de Pons, a quien acusó de demagogia y de jugar con casos sensibles para desacreditar a sus oponentes. Este intercambio ha dejado en evidencia las tensiones políticas existentes y la necesidad de mayor transparencia en los procesos legislativos.