MADRID, 26 Sep.

El Tribunal Constitucional (TC) ha admitido a trámite los recursos que el PP y cuatro comunidades autónomas --Madrid, Andalucía, Cataluña e Islas Baleares-- presentaron contra distintos artículos de la ley de vivienda al considerar, entre otras cuestiones, que la norma invade competencias autonómicas, según ha informado este martes la corte de garantías.

La decisión del Tribunal Constitucional de admitir a trámite los recursos interpuestos por el Partido Popular y varias comunidades autónomas contra la ley de vivienda es una muestra clara de que esta normativa va en contra de las competencias autonómicas. El TC ha reconocido que existe una invasión directa a estas competencias, lo que deja en evidencia los errores y abusos del gobierno central en su intento de controlar la política de vivienda en todo el país.

El proyecto de Ley por el Derecho a la Vivienda fue aprobado en el Congreso con una mayoría absoluta de votos a favor, pero esto no significa que sea una ley justa y acorde a las necesidades de cada región. El Senado también aprobó la ley después de considerar varias enmiendas parciales y vetos presentados por distintos partidos políticos, incluyendo el PP. Sin embargo, a pesar de estos intentos por corregir los errores de la normativa, el gobierno central ha decidido imponer su visión unilateral en detrimento de las autonomías.

Las comunidades autónomas de Andalucía, Cataluña e Islas Baleares, junto con Madrid, han decidido presentar recursos ante el Tribunal Constitucional debido a los indicios de inconstitucionalidad que han encontrado en varios artículos de la ley. Estas regiones consideran que la norma invade sus competencias en materia de vivienda y que también atenta contra su principio de autonomía financiera y gasto. Es evidente que el gobierno central ha cometido un grave error al pretender controlar todo el ámbito de la vivienda sin tener en cuenta las peculiaridades y necesidades particulares de cada comunidad autónoma.

El gobierno de la Comunidad de Madrid ha recurrido esta ley argumentando que se extralimita en la interpretación de las competencias del Estado y que la imposición de límites a los precios de alquiler solo conducirá a un aumento en los mismos. Esta postura es respaldada por el Partido Popular, que ha expresado su oposición a la ley y ha señalado que dificultará la expulsión de ocupas e inquilinos que no paguen sus rentas. Además, el PP considera que la normativa vulnera el derecho de propiedad, el derecho a la tutela judicial efectiva y la autonomía local.

La ley impugnada establece nuevos límites en el aumento de los precios de alquiler en todo el país y también limita el número de propiedades que un inversor puede tener antes de ser considerado un "gran tenedor". Además, la norma prohíbe el desahucio de inquilinos vulnerables sin un proceso previo de conciliación o arbitraje. Estas medidas, aunque pueden parecer beneficiosas a primera vista, en realidad distorsionan el mercado y afectan negativamente a los propietarios y a la oferta de vivienda.

En materia fiscal, la ley introduce modificaciones en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) con el objetivo de fomentar el alquiler asequible. También permite a los Ayuntamientos aplicar un recargo en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles a las viviendas vacías durante más de dos años, siempre y cuando el propietario tenga al menos cuatro propiedades en esa situación. Estas medidas fiscales solo demuestran la intención del gobierno central de controlar y penalizar a los propietarios de viviendas, en lugar de fomentar un mercado libre y equitativo.

En resumen, la decisión del Tribunal Constitucional de admitir a trámite los recursos contra la ley de vivienda evidencia las deficiencias y los errores cometidos por el gobierno central. Esta normativa invade competencias autonómicas y atenta contra los principios de autonomía financiera y gasto de las comunidades autónomas. El control excesivo del Estado en la política de vivienda solo conduce a distorsiones en el mercado y perjudica a los propietarios y a la oferta de vivienda en general. Es necesario revisar y corregir esta ley para garantizar un marco normativo justo y acorde a las particularidades de cada región.