El TC anula disposiciones del decreto de corrección de errores de 2024.

El Tribunal Constitucional ha emitido una sentencia que declara la inconstitucionalidad de varios artículos de un decreto aprobado por el Govern, quien buscaba corregir errores en una votación ocurrida a finales de 2024. Según el tribunal, cualquier rectificación sobre esta cuestión debería haber sido gestionada directamente por el Parlament, haciendo uso de los mecanismos que tiene a su disposición.

En esta decisión, el Tribunal ha ratificado un recurso de inconstitucionalidad que había sido presentado por más de 50 diputados pertenecientes a los grupos parlamentarios Socialista, Sumar y Mixto del Congreso. Estos legisladores impugnaron ciertos aspectos del decreto considerado problemático.

Es relevante recordar que el Govern, en el transcurso de la aprobación de este decreto, alcanzó un acuerdo con la izquierda para evitar el avance de una propuesta de Vox que buscaba revocar la ley de memoria democrática. Este movimiento se produjo tras un error del Partido Popular en el pleno, que afectó la votación de enmiendas de Vox relacionadas con cuestiones lingüísticas, lo que llevó a la rápida elaboración del mencionado decreto.

El tribunal ha dejado claro que no se puede aceptar la postura del Govern, que parece desafiar abiertamente el resultado de la votación en un proceso legislativo. La aceptación de tal argumento, advierte el TC, pondría en peligro la función constitucional del poder normativo del Ejecutivo, al permitir que este actuara de manera unilateral para corregir lo decidido por el Parlament.

Además, el Tribunal explica que, en caso de que realmente hubiese habido un error durante la votación, sería responsabilidad del Parlament encontrar soluciones, ya sea utilizando el procedimiento legislativo de urgencia o una lectura única de la ley. Según el TC, el Ejecutivo autónomo no tiene la facultad de decidir de manera unilateral, solo dos días después de la aprobación, si una ley emitida por el Parlament realmente refleja la voluntad de este.

La sentencia también desestima la justificación del Govern basada en la necesidad de garantizar la seguridad jurídica. Argumenta el tribunal que el Govern parte de una comprensión equivocada de este principio, ya que las disposiciones que el decreto anularía eran claras y previsibles, y el hecho de que pudieran afectar a un gran número de ciudadanos no compromete automáticamente la seguridad jurídica de la norma.

Finalmente, el tribunal ha declarado que, al no existir una situación de "extraordinaria y urgente necesidad", no se justificaba la aprobación de los decretos-leyes del Ejecutivo. La sentencia, que cuenta con disidencias de algunos magistrados, señala que al momento de dictar sus conclusiones, los artículos controversiales ya habían sido derogados y reemplazados por una nueva regulación relacionada con la obtención de suelo para proyectos residenciales estratégicos.

Como resultado, el Tribunal delimita el análisis del recurso a los límites formales y materiales fijados por la Constitución para los decretos-leyes. Evaluó si las razones ofrecidas por el Govern para la adopción del decreto-ley se enmarcaban dentro de las circunstancias que permiten su uso, específicamente en situaciones de urgencia absoluta.

El Ejecutivo argumentó que un "error humano, público y notorio" ocurrió en la votación de una ley sobre simplificación administrativa, lo que, a su juicio, obstaculizaba la verdadera intención de la mayoría parlamentaria. Además, sostenía que una corrección inmediata era vital para evitar efectos perjudiciales para el interés general y la seguridad jurídica. Sin embargo, el Tribunal ha concluido que tales motivos no cumplen con los requisitos de urgencia estipulados en la Constitución.