PALMA, 1 de diciembre. La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha dado un giro inesperado al absolver a dos individuos condenados por su implicación en una fraudulenta venta de apartamentos en la urbanización Espigol Beach, situada en Can Picafort, Mallorca.

El Alto Tribunal ha decidido acoger el recurso de casación presentado por la defensa, lo que ha conducido a la anulación de la sentencia impuesta por la Audiencia Provincial en septiembre de 2022, que les había condenado a cuatro años de prisión. Cabe mencionar que, durante el juicio, tres de los coacusados admitieron su culpabilidad y acordaron pactos con las partes demandantes.

Según la sentencia, a la que tuvo acceso Europa Press, el Tribunal Supremo argumenta que no se ha encontrado evidencia suficiente que pruebe que los absueltos tuvieran alguna participación en el fraude del que fueron víctimas los compradores, ni tampoco existió contacto directo entre ellos y los perjudicados, quienes afirmaron en el juicio haber tratado únicamente con otros acusados del caso.

El Tribunal criticó duramente a la Audiencia Provincial, señalando que su narración de los hechos fue elaborada "sin prestar atención a la prueba documental disponible" y se basó "casi exclusivamente" en las declaraciones de los coimputados que habían alcanzado sentencias con el Ministerio Fiscal, lo que, según el Supremo, requiere una "evaluación más cautelosa".

Asimismo, el Supremo destacó que la evidencia clave presentada como prueba en su contra, la venta de acciones de la sociedad Espigol Beach por parte de los acusados en noviembre de 2004, no respalda la existencia de un plan premeditado para llevar a cabo la estafa, especialmente considerando que las transacciones fraudulentas se realizaron después de que la gestión de la empresa pasara a manos de otro acusado.

Para contextualizar, los acusados enfrentaban cargos por haber comercializado entre 2004 y 2005 unidades de un antiguo apartahotel como residencias, ocultando que dichos apartamentos estaban destinados a explotación turística. Esto provocó que las propiedades quedaran fuera de la normativa urbanística y, por ende, carecieran de la cédula de habitabilidad necesaria para poder gestionar los suministros de agua y electricidad. Como resultado, los compradores no podían residir, alquilar o vender estos apartamentos.

Adicionalmente, los condenados no solo enfrentaban la pena de prisión, sino que también se les obligaba a abonar indemnizaciones que sumaban un total de 1,2 millones de euros.