España refuerza la protección infantil con nueva ley que prohíbe el uso del síndrome de alienación parental
El Gobierno español ha aprobado una reforma en la Ley de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia, que refuerza las medidas de protección y seguridad para los menores. La modificación obliga a que quienes accedan a profesiones con contacto habitual con menores no tengan antecedentes por delitos relacionados con la infancia. Además, se garantiza la escucha activa de los niños en procesos judiciales desde cualquier edad, eliminando la referencia a la madurez suficiente a partir de los 12 años.
Este cambio responde a la necesidad de evitar casos como el del docente Miguel Roldán, condenado por acoso, cuya incorporación a un centro generó rechazo social. La reforma también prohíbe expresamente el uso del Síndrome de Alienación Parental en procedimientos judiciales, estableciendo que ningún informe basado en esta pseudociencia podrá valorarse, y que las resoluciones que lo hagan podrán ser impugnadas. La normativa busca garantizar decisiones judiciales centradas en el interés superior del menor.
El contexto político refleja una voluntad del Ejecutivo de priorizar la protección infantil ante la percepción de fallos en la gestión pasada. La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha destacado que España tiene una deuda con su infancia por no haber escuchado y protegido a los menores en el pasado. La reforma también contempla la simplificación del reconocimiento de víctimas de violencia infantil y el refuerzo de la formación profesional en este ámbito.
Desde la perspectiva de la política social, estas medidas buscan fortalecer la protección del menor en todos los ámbitos, especialmente en el judicial. La creación de turnos especializados y la posibilidad de que un solo progenitor autorice atención psicológica sin veto del agresor representan avances en la protección efectiva frente a la violencia y el maltrato infantil. Sin embargo, persisten desafíos en la coordinación y en la formación especializada del sistema judicial.
A largo plazo, la aprobación de esta normativa marca un paso importante en la legislación protectora infantil en España. La estrategia también contempla acciones para reducir desigualdades territoriales y mejorar la recopilación de datos, aspectos clave para garantizar una protección efectiva en todo el territorio nacional. La continuidad de estos esfuerzos será decisiva para consolidar un sistema que priorice los derechos y la seguridad de la infancia.