• domingo 25 de septiembre del 2022

Estado y Baleares abren negociaciones por disconformidades de constitucionalidad en múltiples leyes, entre ellas la de Turismo

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Alcanzan un convenio sobre señalizaciones en español en la Ley de Tráfico

PALMA, 22 Sep.

El Gobierno de España y el Govern balear han abierto negociaciones para solucionar disconformidades sobre la constitucionalidad de ciertos preceptos de distintas leyes decretadas por la Comunidad, entre ellas la de Turismo.

En preciso, se ha acordado constituir comisiones a dos bandas para tratar disconformidades en relación a la Ley 3/2022 de medidas urgentes para la sostenibilidad y la circularidad del turismo de Baleares; el Decreto-ley 6/2022 de medidas urgentes para achicar la temporalidad en el empleo público; y el Decreto-ley 5/2022 que regula el servicio de taxi en Ibiza.

Este género de negociaciones son comunes y se usa para solucionar las disconformidades alcanzando pactos interpretativos, y así hablamos de eludir un recurso frente al Tribunal Constitucional. Los pactos anunciando el comienzo de las negociaciones se han anunciado este jueves en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

En la situacion de la Ley de Turismo, el artículo anunciado únicamente detalla que las disconformidades brotan en el producto 2, que introduce varias ediciones a la ley de turismo del PP de 2012.

En este sentido, cabe indicar que el Estado no cuestiona la suspensión de la adquisición de plazas turísticas en las islas de Mallorca, Ibiza y Formentera, incluida en la predisposición agregada primera de la ley, o la suspensión de ocupaciones turísticas en la isla de Menorca, incluida en la predisposición agregada segunda.

Respecto a la regulación del taxi en Ibiza, conforme han correcto fuentes de la Conselleria de Movilidad y Vivienda, las disconformidades viran cerca de la cuota cero de los taxis al sobrepasar los 110 km/hora --el taxímetro deja de sumar en el momento en que se sobrepasa ese límite--. El Estado comprende que, así como está redactado en el Decreto, va en oposición a la normativa de metrología del taxímetro.

Desde la Conselleria han correcto que están en contacto con el Consell de Ibiza, de quien partía la regla, para estudiar de qué forma amoldar el artículo a las proposiciones del Gobierno.

En cuanto a las medidas para achicar la temporalidad en el empleo público, los productos en cuestión dejan exceptuar de alguna titulación, de forma muy inusual y solo para puestos de naturaleza laboral, tal como el requisito de acreditación de la lengua catalana; regulan las situaciones que dejan denominar personal funcionario interino y las probables causas de cese; y cambian ciertos puntos en temas de contratación pública del decreto para mitigar la crisis económica y popular producida por los efectos de la guerra en Ucrania.

Sobre esto último, fuentes de la Conselleria de Presidencia, Función Pública y también Igualdad apuntaron que las negociaciones tienen que ser útil para argumentar la regulación que se hizo en Baleares sobre estos puntos. Las fuentes consultadas se enseñaron persuadidas de que las disconformidades sobre este artículo se resolverán sin contrariedad y han recordado que hasta hoy no se ha producido ningún recurso de inconstitucionalidad en las distintas negociaciones que se fueron abriendo por normativa aprobada en la Comunidad.

Por otra sección, este jueves el Boletín Oficial asimismo publicaba el resultado de otra comisión bilateral por disconformidades en una ley, en un caso así el decreto que altera la Ley estatal de Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial.

Gobierno y Comunidad Autónoma han alcanzado un convenio interpretativo sobre el punto que regula las señalizaciones en vías públicas. El producto en cuestión establece que "las advertencias escritas que se integren o acompañen a los cuadros de señalización de las vías públicas, y también inscripciones, figurarán en idioma español y, además de esto, en la lengua oficial de la Comunidad autónoma conocida en el respectivo estatuto de autonomía, en el momento en que la señal esté situada en el ámbito territorial de esa red social".

El acuerdo anunciado en el BOE establece que se interpretará el artículo en el sentido de que las autoridades eficientes rotularán en idioma español y en las lenguas cooficiales "sin perjuicio de sus competencias, siempre y cuando la seguridad vial resulte perjudicada".